Según supo Infobae, Ernesto González, el abogado de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, solicitará en las próximas horas, a pedido de sus clientes, que las autoridades que llevan adelante la investigación citen a sus defendidos para que declaren.

Laudelina declaró durante la madrugada, cuando contó que el accidente vial ocurrió cuando ella volvió del naranjal. Fue apenas a unos metros de la vivienda que sintió un golpe y una frenada: Loan se había cruzado por delante del vehículo que conducía la pareja y resultó atropellado. Se habría tratado de un impacto de frente.

Tras oír la secuencia, se acercó al lugar y descubrió al matrimonio subiendo al nene a la camioneta. Lo cargaron entre los dos en la parte trasera del vehículo, donde días más tarde la policía halló rastros de Loan y ordenó la detención de ambos.

Laudelina Peña

Laudelina contó en su declaración que la pareja la engañó: le dijeron que ellos se iban a encargar de darle asistencia médica a la víctima, al tiempo que le iban a avisar de lo sucedido al comisario Walter Maciel, también aprehendido en la causa por encubrimiento. Asimismo, le pidieron que no dijera nada de lo que vio».

Tras cometer el choque, la pareja se retiró del lugar. Pero apenas un rato después volvió para amenazar de muerte a la tía de Loan. Victoria Caillava fue quien le dijo, en tonos violentos, que “se callara la boca” y no dijera nada de lo que presenció.

El fiscal general Diego Luciani y el fiscal coadyuvante José Ipohorski Lenkiewicz solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires cuatro años de prisión e inhabilitación por diez años para el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno y la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Beatriz Paglieri, por la manipulación de datos del organismo, ocurrida entre marzo de 2006 y agosto de 2007. Los representantes del Ministerio Público Fiscal también solicitaron una condena de dos años en suspenso para las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por su participación en los mismos hechos. 

Luciani e Ipohorski solicitaron al tribunal -integrado por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini- que Moreno y Paglieri sean condenados como penalmente responsables de los delitos de «abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción e inutilización de registros públicos y falsedad ideológica de instrumentos públicos». Además, pidieron las condenas de Filia y Cámpora Avellaneda por considerarlas colaboradoras necesarias de Moreno y Paglieri en dichos delitos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron la extracción de testimonios para que se investigue por la posible comisión de delitos de acción pública a la por entonces Ministra de Economía y Producción de la Nación, Felisa Miceli. De acuerdo a lo expuesto en el alegato, los delitos cometidos por Moreno y las demás imputadas fueron posibles porque la exministra “liberó” al INDEC (organismo bajo su órbita de actuación) a fin de que pudiesen «operar e intervenir ilegalmente sobre él».

La exposición del MPF se extendió a lo largo de dos jornadas. En la primera de ellas, Luciani destacó que, al momento de ejercer su derecho a defensa, Moreno aseguró que la estadística pública no tenía ningún tipo de importancia para él y que ningún presidente las consultaba ya que tenía nula relevancia para los procesos de gestión pública. “Luego de haberse llevado este debate, podemos afirmar con absoluta certeza el grave daño y el perjuicio que estas prácticas anómalas crearon al país. No solo durante 16 meses porque, como dijeron algunos testigos en el juicio, esta fue la mancha de aceite que contaminó todo por casi diez años”, resaltó el fiscal.

Para Luciani, durante el período abarcado en este juicio, el INDEC “fue manipulado, se alteraron las bases informáticas de datos, se cambió una metodología práctica que costó muchos años implementar, y para concretar ese fin no tuvieron reparo alguno en deshacerse de cualquier obstáculo que se interpusiera con este fin criminal. Así no dudaron de deshacerse de funcionarios públicos honestos y con larga trayectoria”, aseveró.

El titular de la Fiscalía General N°1 ante los TOCF consideró probado que Moreno, primero en su calidad de Secretario de Coordinación Técnica y luego como Secretario de Comercio Interior, abusó de las funciones públicas que le fueran asignadas, al menos desde la semana santa de 2006 y hasta enero de 2007, al instar a los entonces funcionarios del INDEC -el director, Lelio Alberto Mármora; la titular de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida, Clyde Elisa Charre de Trabuchi, y la titular de la Dirección de Índices de Precios al Consumo, Graciela Bevacqua- a que le suministrasen datos protegidos por el secreto estadístico y para que implementen ciertos cambios en el modo y en la metodología en que se venía elaborando el índice de Precios al Consumidor (IPC).

Luciani también consideró probado que Moreno, ya en su cargo de Secretario de Comercio Interior, y Paglieri, quien asumió en enero de 2007 como directora del IPC, con la colaboración necesaria de Cámpora Avellaneda y Filia (quienes ingresaron al organismo junto con Paglieri), tomaron parte desde enero de 2007 en la revelación de datos secretos protegidos. De igual manera, también destacó que Moreno, Paglieri y la fallecida Ana María Edwin (que sucedió a Charre de Trabucchi y más tarde asumió como directora del INDEC) actuaron en abuso de sus funciones y con la colaboración de Cámpora Avellaneda y Filia en la adulteración de los índices de Precios al Consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires, elaborados en la Dirección de índices de Precios de Consumo de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del IPC de la Provincia de Mendoza. Sobre esto último, Luciani consideró también acreditado que los resultados de esos índices apócrifos fueron insertados en instrumentos públicos, más concretamente en comunicados de prensa oficiales. 

Por último, en el marco de esta maniobra y a través de acciones que desplegaron con el objeto de manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del índice IPC, Luciani marcó que los acusados intervinieron en la supresión, modificación y/o reemplazo espurio y arbitrario de la base de datos original del INDEC, que constituía la base primaria fundamental del proceso estadístico, con la consecuente destrucción y/o inutilización de los documentos y registros oficiales de un servicio público, por caso aquellos del sistema estadístico nacional.

Análisis y recorrido cronológico de los hechos

Luego de explicar el funcionamiento del INDEC y la importancia de sus índices y estadísticas para la elaboración de políticas públicas y también por su uso en ámbitos académicos y privados, la fiscalía realizó un recorrido histórico por los hechos que integran el juicio. Así, Luciani detalló que a partir de abril de 2006 el organismo “comenzó a ser objeto de una serie de ataques inusuales e inéditos, propiciados desde la entrañas de la propia administración pública”.

“No solo la abundante prueba ha evidenciado la vehemencia de estos ataques, sino también la intervención que sufrió el organismo en 2007 que incluyó el desplazamiento de funcionarios honestos, sino que también existe información de dominio público que de manera coincidente da fiel testimonio de los daños producidos de la pérdida de credibilidad que sufrió el INDEC por la intervención de los imputados”, agregó.

En ese marco, los representantes del Ministerio Público Fiscal iniciaron un relato cronológico acerca de cómo Moreno, a partir de abril de 2006, empezó a ejercer presiones indebidas en abuso de sus funciones sobre los funcionarios técnicos del INDEC, para que aquellos le facilitasen datos secretos del instituto que le estaban expresamente vedados por ley. Luego, pasaron a explicar cómo a partir de enero de 2007, Moreno directamente propició la inserción de Paglieri, una persona de su confianza, dentro del instituto estadístico, secundada por Filia y Cámpora. Para la fiscalía, desde esas posiciones administrativas estratégicas, las imputadas “empezaron a hacer realidad los objetivos delictivos del exsecretario de Comercio Interior, no solo adulterando los índices de precios, sino también iniciando una serie de inéditas persecuciones contra el personal técnico de carrera que aún se resistía valientemente a ser partícipe de los actos ilegales”. 

Los representantes del Ministerio Público Fiscal afirmaron que Moreno “ejerció presión de todo tipo sobre los cuadros técnicos, presentando escritos y pidiendo información secreta, con el claro objetivo de perforar el secreto estadístico”. En esa línea, remarcaron que el exsecretario de Comercio luego ejerció otras actitudes intimidatorias hacia los comercios analizados para el muestreo del IPC, “con visitas in situ, clausuras y represalias si no se aggiornaban a los precios de los acuerdos que él mismo promovía”. Para los fiscales, estas acciones produjeron “una merma de la información libre” y “quebrantaron la credibilidad del INDEC”.

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, alerta sobre maniobras de una red de pedofilia que contacta a chicos de entre 10 y 14 años a través de grupos o comunidades de Whatsapp.

Dichos grupos son creados bajo la fachada de un desafío: crear comunidades grandes, es decir, con muchos integrantes. “Metan gente”o “Tenemos que llegar a 2000”, son algunos de los nombres de los grupos que fueron identificados y denunciados. Los integrantes de la red incentivan a los chicos y adolescentes para que sumen a compañeros y/o amigos de su edad.

Una vez que están dentro de esas comunidades, los administradores comienzan a enviar fotos y/o videos de contenido sexual, violento o discriminatorio. De acuerdo a las denuncias realizadas en los últimos días, ofrecen dinero a cambio de que los adolescentes y niños les manden archivos similares.

Ante esto, UFECI advierte que, en caso de tomar conocimiento de una situación de estas características, se puede reportar los hechos a las comisarías o unidades especializadas de cada jurisdicción del país.

Consejos de seguridad

Desde Whatsapp (perteneciente a la empresa Meta) recomiendan a todos los usuarios realizar una revisión de privacidad que les permita elegir el nivel de protección adecuado y acceder a una guía paso a paso para reforzar la seguridad de su cuenta y personalizar sus ajustes de privacidad, todo en un mismo lugar, de manera guiada y asistida. Esto incluye que los usuarios puedan elegir quién puede contactarlos, controlar su información personal, añadir más privacidad a sus chats, añadir más protección a sus cuentas, etc.

La incorporación o no a grupos de WhatsApp puede ser configurada por cada usuario dentro sección “Privacidad” del menú de Ajustes de la aplicación. Allí, dentro de la sección “Grupos”, el usuario podrá elegir la posibilidad de que cualquiera (opción “Todos”) pueda agregarlo, que sólo sus contactos (opción “Mis contactos” o sólo determinadas personas (opción “Mis contactos, excepto…”).

Se puede encontrar mayor información en la web oficial de la aplicación, en la sección «Privacidad».