Renovar la licencia de conducir en la Argentina implica gastar, aproximadamente, $20.000 entre el costo del trámite y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT); valor que puede modificarse según la jurisdicción donde se tramite.
Además, hay que someterse a un examen psicofísico donde se evalúan las capacidades visuales y auditivas además de psicológicas, las cuales determinan la condición de una persona para estar al volante.
El documento tiene un vencimiento, el cual también varía jurisdiccionalmente (por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires una licencia puede tener validez por diez años).
Antes de que se cumpla esa fecha, hay que atravesar todo el proceso anterior y según sea el resultado de la evaluación, obtenerlo nuevamente por un tiempo determinado.
Ahora bien, Patricia Vásquez, diputada del Pro, impulsa un proyecto de ley que busca eliminar el vencimiento de las licencias de conducir y digitalizar por completo el trámite de revalidación del documento. Por otro lado, prevé una modificación en las evaluaciones psicofísicas, las cuales no serán competencia de los municipios sino de médicos autorizados.
«Hay que terminar con este curro», dijo la diputada Vásquez.
Esta legisladora impulsó también el cierre de los Registros del Automotor, que ya está en marcha.
Entre tanto, la prensa accedió al documento que busca debatirse en la Cámara Baja y que “va en línea con las propuestas de desregulación que plantea el Gobierno”, tal y como indicaron desde el entorno de la legisladora.
Por otro lado, esta propuesta no afecta a las licencias profesionales, las cuales seguirían con el mismo régimen que tienen hoy. “Igualmente, lo estamos estudiando”, señalaron.
1. Eliminar el vencimiento de las licencias de conducir no profesionales
Al modificarse el artículo 13 de la ley N°24.449, se otorgarían “licencias de conducir en sus categorías no profesionales sin fecha de vencimiento”.
A los conductores se les exigiría “presentar cada cinco años una declaración jurada e informar su aptitud psicofísica para conducir mediante un certificado emitido por un médico acreditado por la autoridad de aplicación”.
Todo el trámite se realizaría de forma íntegramente online y sin costo. Además, indica el documento, “a partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser complementada cada año en idéntica modalidad”.
2. Crear un registro de médicos acreditados
Al quitarle la potestad evaluatoria a los municipios, el documento prevé la creación de un protocolo de evaluación de aptitud psicofísica así como el dictamen de “cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes”.
En esa línea, también se exigiría crear un “registro de médicos que hayan aprobado ese curso, el que deberá ser de acceso público”.
Es decir, sólo los profesionales de la salud inscriptos en dicho registro podrán firmar los certificados de aptitud psicofísica.
De esa forma, se evitaría que se adulteren las firmas y se emitan documentos fuera de la regla.
“El certificado de aptitud psicofísica deberá contar con la firma del médico y demás requisitos técnicos y legales que establezca la autoridad de aplicación, garantizando la inalterabilidad del mismo”, se lee en el proyecto.
3. Modificar la Ley Nacional de Tránsito
Por otro lado, el proyecto, entre varias modificaciones, señala que las licencias de conducir deberían exhibir las fechas del primer otorgamiento y última modificación de datos en caso de ser no profesionales y fechas de último otorgamiento, última renovación y vencimiento en el caso de las profesionales.
A su vez, señala que la suspensión de la licencia de conducir se daría de manera automática al no cumplir el plazo de presentación del certificado y declaración jurada.
El levantamiento de la suspensión sería dado “una vez que su titular acredite haber adoptado las precauciones necesarias para recuperar su aptitud psicofísica para el manejo en condiciones de seguridad”, quedando inhabilitado para conducir hasta tanto eso suceda. Por otro lado, todo cambio de dato expreso en las licencias podría hacerse online y sin costo y no implicaría “la necesidad de revalidad el examen teórico-práctico, con excepción de las categorías profesionales que así lo requieran”.-La Nacion-
