El fiscal federal Carlos Amad advirtió que están próximos a imputar a los responsables de otorgar pensiones de manera irregular. Además, manifestó el crecimiento exponencial de los beneficios en todo el país durante el gobierno de Fernández.
Al menos 17 allanamientos se realizaron en las últimas horas en distintas localidades de Salta, debido a una investigación que delata la facilitación de pensiones de manera irregular. Son 22 mil los casos que estan en investigacion por ser tramitadas, otorgadas y cobradas de forma irregular en El Quebrachal, Joaquín V- González, Talavera y la capital salteña.
El proceso investigativo nace en Taco Pozo, Chaco, por iniciativa del fiscal federal Esteban Amad, y derivó en situaciones similares en Jujuy, y en nuestra provincia, donde ya se allanó de manera simultánea distintas clínicas, consultorios médicos, oficinas municipales y dependencias sociales
Por este motivo, profesional se comunicó con el fiscal Amad para conocer los avances de la investigación, y aseguró que están próximos a imputar a los responsables de esta alarmante malversación de fondos públicos.
‘’Los allanamientos guardan directa relación con la investigación sobre las pensiones truchas. Se secuestró documentación, soportes magnéticos de computadoras, celulares y dinero en efectivo. Serán analizados en las próximas horas’’, comentó el fiscal.
En relación a las auditorias que se realizaron en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Amad mencionó que las mismas se solicitaron para determinar qué personas eran plausibles de obtener el beneficio y que personas no.
‘’La gravedad de la situación no sólo recae en Salta, sino que es a nivel nacional. Hay muchas personas que cobran un beneficio que no les corresponde, y en virtud de documentación falsa presentada para engañar al estado’’, remarcó el fiscal federal.Reproductor de audio
Con respecto a las personas involucradas, Amad dijo que ‘’hay un variopinto de gente’’. Eso involucra a médicos y personal de la salud que intervinieron en la confección de los certificados, hasta empleados y funcionarios de las distintas dependencias sociales donde se otorgan las pensiones, entre otros sospechados. ‘’Después del análisis de la documentación y de los elementos secuestrados en los allanamientos, se pedirá la imputación correspondiente’’, aclaró Amad.
Agregó: ‘’la investigación la inicié a partir del periodo de la administración anterior –durante el gobierno de Alberto Fernández– porque ahí fue donde subieron exponencialmente los beneficios, a lo largo y ancho del país’’.
Por último, con respecto a la cantidad de pensiones otorgadas de manera irregular, y del perjuicio económico al estado, el fiscal señaló que ‘’las cifras que se manejan son obscenas, los movimientos que se hicieron para malversar y defraudar al estado también. Veremos cómo termina esto’’, concluyó.
