La fiscal penal 3, subrogante de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS), Celina Morales Torino, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 6, para un hombre de 48 años, como autor de los delitos de abuso sexual simple, lesiones leves y rapto, todo en concurso real; abuso sexual simple en concurso real con rapto (dos hechos); abuso sexual con acceso carnal (dos hechos); abuso sexual simple (dos hechos); y abuso sexual simple, coacción y rapto, todo en concurso real.
En primer lugar, la Fiscalía logró acreditar, con grado de probabilidad, la existencia de múltiples delitos contra la integridad sexual, con lesiones y rapto en algunos casos. En su requerimiento, la fiscal Celina Morales sostiene que la evidencia revela una forma de operar casi idéntica en cada hecho, el reconocimiento mutuo entre las víctimas —facilitado por publicaciones en redes sociales— y la evasión del imputado a las pericias ordenadas. Todo ello, permite establecer la existencia de un patrón criminal sistemático y reiterado de abuso sexual. Además, se destaca la pluralidad de víctimas y el origen de la causa a partir de múltiples denuncias que señalan hechos similares, atribuidos al mismo acusado, con al menos nueve damnificadas.
En cuanto al modus operandi, se identificó que en todos los casos el imputado utilizaba un vehículo de remis como principal escenario para consumar los abusos, aprovechándose de la vulnerabilidad de las pasajeras, quienes buscaban un servicio de transporte seguro, en horas de la madrugada.
Un elemento común y distintivo en los hechos fue la utilización de un pretexto técnico: el acusado afirmaba que “el sensor del taxímetro no funcionaba”, motivo por el cual solicitaba a las pasajeras que se sentaran en el asiento delantero o entre los asientos, junto a él, con el argumento de que así el contador marcaría el viaje o el láser del vehículo podría detectarlas.
Esta maniobra, según detalló la fiscal Morales, tenía por finalidad generar una cercanía física forzada, que le permitiera ejercer control sobre la víctima y vulnerar su integridad sexual.
Asimismo, en la mayoría de los hechos denunciados, el imputado buscó aislar a las víctimas desviando la ruta pactada, acelerando el vehículo o trabando los seguros de las puertas, con el objetivo de impedir que descendieran o solicitaran ayuda.
Por otro lado, el acusado recurría a amenazas, tanto explícitas como implícitas, con el propósito de coaccionar a las víctimas y evitar que denunciaran lo ocurrido. Estas amenazas incluían el conocimiento de sus domicilios o información personal sensible, así como la desestimación de sus relatos.
Las consecuencias de estas maniobras se evidencian en el testimonio de las víctimas, quienes manifestaron haber experimentado angustia, miedo y trauma psicológico. Incluso, en uno de los casos, se reportó la pérdida de un embarazo como consecuencia directa del impacto emocional sufrido.
Un elemento crucial para establecer la naturaleza serial de los abusos fue la conexión entre las damnificadas. Varias de ellas lograron reconocerse a través de redes sociales, donde se compartía el modo de operar del agresor, acompañado incluso de su fotografía. Este reconocimiento mutuo, sustentado en descripciones físicas coincidentes y patrones idénticos de conducta, constituye una prueba irrefutable de que se trata del mismo autor, actuando de manera sistemática y reiterada.
Respecto del delito de rapto, se acreditó que el imputado desvió deliberadamente el recorrido convenido, restringiendo la libertad de movimiento de una de las víctimas, quien fue forzada a desplazarse hacia un destino desconocido y potencialmente riesgoso. Dicho accionar, en los términos planteados por la fiscal Celina Morales, encuadra típicamente en la figura penal de rapto, al implicar una transgresión directa a su libertad personal.
