La Justicia suspendió el decreto del Ejecutivo y ordenó aplicar la ley de Financiamiento Universitario, con aumentos salariales y actualización de becas.
Financiamiento Universitario volvió a quedar en el centro del debate político y judicial luego de que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenara al Gobierno nacional cumplir con la ley vigente. El fallo suspendió el decreto impulsado por el presidente Javier Milei que había dejado sin efecto la norma aprobada por el Congreso.
La resolución fue firmada por el juez Martín Cormick, quien dispuso que el Ejecutivo aplique de manera inmediata los aumentos salariales para docentes y no docentes, así como también la actualización de las becas estudiantiles. La medida busca garantizar el normal funcionamiento del sistema universitario público en todo el país.
La Justicia impuso al Gobierno de Milei cumplir con la ley de Financiamiento Universitario
En su fallo, el magistrado destacó que existe un deber claro por parte del Estado de cumplir con la ley sancionada por el Congreso, incluso después del veto presidencial. Según remarcó, la insistencia legislativa de ambas cámaras debe prevalecer por sobre cualquier intento de suspensión administrativa.
Financiamiento Universitario y el impacto en salarios y becas
Al fundamentar su decisión, Cormick señaló que el deterioro salarial afecta no solo a los trabajadores universitarios, sino también al derecho constitucional a enseñar y aprender, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. En ese sentido, advirtió que la falta de actualización presupuestaria compromete la calidad educativa.
El juez también minimizó el impacto fiscal de la medida. Indicó que, en esta etapa inicial del proceso, el ahorro que implicaría no aplicar la ley resulta poco significativo en relación con el presupuesto global de la Administración Pública Nacional.
Además, cuestionó el argumento oficial basado en la ley 24.629, que exige financiamiento explícito para nuevos gastos, y sostuvo que una norma de menor jerarquía no puede imponerse sobre un mandato constitucional.
La ley apunta a garantizar la continuidad del sistema universitario público y establece, entre otros puntos:
- Actualización automática de los presupuestos universitarios según la inflación.
- Recomposición salarial para docentes y no docentes, con carácter remunerativo y bonificable.
- Convocatoria obligatoria a paritarias nacionales con actualizaciones mensuales.
- Fortalecimiento de programas de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad.
