Pocos días más tarde de la sanción por parte del Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario, Javier Milei anunció su veto por medio del Decreto 647/2025. La oposición solicitaría una sesión especial para el próximo miércoles y hacer tratar el rechazo de la medida impuesta por el presidente.
Que planteaba la Ley de Financiamiento Universitario vetada por Javier Milei
El Congreso habia aprobado con 158 votos afirmativos el proyecto de ley de Financiamiento Universitario. El mismo tenía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina”. En este sentido, se buscaba asegurar las condiciones laborales y salariales tanto de los docentes como no docentes.
Cabe destacar que se establecía una actualización al 1 de enero de 2025 del monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada de la inflación entre mayo y diciembre de 2024.
No obstante, el mandatario libertario había advertido que en caso de aprobarse, como finalmente sucedió, iba a vetar la ley porque aseguraba que pondría en riesgo el superávit fiscal, clave para el plan economico. Además, es la segunda ocasión en la que Milei veta una ley que busca aumentar el financiamiento universitario: el año pasado logró juntar un tercio de los votos en Diputados para blindar su decisión gracias al apoyo de algunos gobernadores, que hoy forman parte de un interbloque con el oficialismo.
Los fundamentos del Gobierno para vetar la ley de financiamiento universitario
En el comunicado publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno destaca que el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, la cual exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe especificar de manera clara las fuentes de los recursos para su financiamiento.
Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Por otro lado, señalan que se generaría un aumento significativo y no cubierto del gasto público, con un costo estimado para 2025 de más de un billón de pesos, lo que pondría en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas y la sostenibilidad macroeconómica.
