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Encuantran sin vida en su vivienda a un oficial del Servicio Penitenciario de Salta

Un oficial perteneciente al Sevicio Penitenciario de Salta fue encontrado muero. Dentro de las filas de la fuerza hay malestar por sobrecarga laboral.

Un oficial perrteneciente al Servicio Penitenciario de Salta fue hallado sin vida en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en barrio 100 Viviendas, y mientras la investigación oficial avanza, puertas adentro del propio sistema penitenciario crece una acusación que incomoda a las máximas autoridades: abandono, sobrecarga laboral y una absoluta falta de contención humana para quienes sostienen el servicio.

El hallazgo se produjo tras un llamado al 911 y en el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Provincia y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La causa está en etapa investigativa, pero la hipótesis más fuerte afirma que se trató de un atentado contra su propia vida. Más allá del encuadre judicial, el episodio expuso con crudeza una realidad que desde hace tiempo se denuncia en voz alta dentro del SPPS.

Barrio 100 viviendas, ciudad San Ramón de la Nueva Orán

Compañeros del oficial fallecido apuntaron directamente contra la conducción del organismo. Denuncian extensas jornadas laborales, regímenes horarios que no contemplan el desgaste psicológico y una gestión que exige disciplina y presencia absoluta, pero no ofrece ningún tipo de asistencia integral para el personal. “Nadie se hace cargo de sus subalternos, pero para verduguear con el horario son buenos”, fue una de las expresiones que circularon con fuerza tras conocerse la noticia.

Según relatan efectivos del propio servicio, muchos penitenciarios pasan fechas clave lejos de sus familias, sin acompañamiento ni redes de apoyo, mientras las decisiones se toman desde escritorios alejados de la realidad diaria de las cárceles. La bronca interna apunta a que la estructura jerárquica exige sacrificio extremo, pero se desentiende cuando ese sacrificio pasa factura.

La tragedia golpea de lleno, otra vez, a la gestión del director general del Servicio Penitenciario de Salta, Enrique Daniel Torres, señalado por trabajadores como responsable político de un modelo de conducción que prioriza la exigencia operativa por sobre la salud mental y el bienestar del personal. En un contexto donde el estrés, la presión y el aislamiento son moneda corriente, la ausencia de políticas de contención resulta tan grave como peligrosa.

El silencio institucional frente a este caso no hace más que profundizar el malestar. El 2026 arrancó con una muerte que no puede leerse como un hecho aislado, sino como el síntoma más extremo de un sistema que parece haber naturalizado el desgaste humano.

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