La Unidad Fiscal Especializada citó a audiencia de imputación a diez efectivos policiales por presuntas conductas vinculadas con el incumplimiento de medidas de protección judicial y a la confección de un informe presuntamente falso, en el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Marilín Cruz.
La fiscal penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), María Luján Sodero Calvet, en el marco de la investigación que lleva adelante por el hecho ocurrido en febrero pasado en la localidad de Campo Quijano, informó que, al detectarse indicios de posibles irregularidades en el accionar del personal de la Comisaría N.º 7, se dispuso una investigación paralela sobre la actuación de sus efectivos.
En ese contexto, la Procuración General resolvió conformar una Unidad Fiscal integrada por la UFEM y la Fiscalía de Derechos Humanos para profundizar la investigación.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, se formalizó la investigación penal preparatoria y se citó a audiencia de imputación de diez efectivos policiales por hechos que habrían ocurrido en relación al femicidio de Natalia Marilín Cruz.
Según la investigación, la víctima contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección ante reiterados episodios de violencia de género ejercidos por su expareja. No obstante, la custodia no habría sido implementada, pese a que el personal policial tenía conocimiento de la disposición judicial. Además, la Fiscalía sostiene que posteriormente se habría confeccionado e incorporado un informe policial con datos presuntamente falsos, en el que se dejó constancia de un supuesto intento de cumplimiento de la medida.
El femicida Orlando Serapio y Natalia Cruz
La imputación también comprende presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Comisaría N.º 7 de Campo Quijano durante enero y febrero de 2026, relacionadas con la ejecución y control de consignas policiales ordenadas judicialmente en causas de violencia familiar y de género. En ese sentido, la investigación señala que se detectaron presuntas deficiencias en la organización, supervisión y registro del cumplimiento de esas medidas de protección.
Comisaria N° 7, Campo Quijano.-
Los diez imputados comprenden al jefe de la dependencia y a un efectivo que se desempeñaba como jefe de Guardia, como autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.
Al jefe de la dependencia se le atribuye haber promovido la confección e incorporación de un informe policial con contenido presuntamente falso y haber omitido adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las consignas policiales y de la custodia ordenada a favor de la víctima. Al otro efectivo, en tanto, se le imputa haber dispuesto la confección del citado informe y haber omitido implementar o supervisar el cumplimiento de la medida judicial.
Otros dos efectivos, un suboficial y a un oficial, fueron imputados como autores del delito de falsedad ideológica. Al primero se le atribuye haber confeccionado y firmado materialmente el informe en el que se consignó que la consigna policial había sido implantada cuando, según la investigación, ello no habría ocurrido. Al segundo se le imputa haber transmitido la orden para confeccionar el informe e intervenido en su elaboración.
Asimismo, cuatro efectivos mujeres y un masculino que cumplían tareas en la dependencia fueron imputados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al endilgárseles el haber omitido adoptar medidas para efectivizar la consigna policial fija o informar oportunamente a la autoridad judicial sobre la imposibilidad de cumplirla.
De acuerdo con la resolución dictada por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 2º Nominación del distrito Centro, la Unidad Fiscal reconstruyó los hechos mediante el análisis de documentación y la recepción de testimonios. Esa tarea permitió establecer que la víctima debía contar con una consigna policial fija, medida que no habría sido implementada pese al conocimiento que tenía el personal policial de la orden judicial.
Las fiscales María Luján Sodero Calvet y Claudia Geria, sostuvieron que la investigación permitió reunir evidencias sobre presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género, con incumplimientos de protocolos, deficiencias en los controles internos y fallas en la ejecución de medidas de protección.
Asimismo, señalaron que también se logró establecer la presunta confección de un informe policial con contenido falso, mediante el cual se habría dejado constancia de un supuesto intento de implantar la consigna policial en el domicilio de la víctima antes del femicidio.
