La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), a cargo de la fiscal subrogante Ana Inés Salinas Odorisio, inició una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades vinculadas a la facturación de prestaciones de salud en el ámbito del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS).
“Es por lo que salió en distintos medios”, fue la explicación que se dio desde el Ministerio Público Fiscal de Salta al referir a diversas publicaciones periodísticas que reflejaron las expresiones del gobernador Gustavo Sáenz frente al conflicto que se generó por un proyecto enviado con su firma para modificar la normativa que rige a la obra social provincial.
Esta semana el gobernador afirmó que su proyecto de ley ya fue retirado. La fugaz iniciativa apuntaba a quitar la obra social a los afiliados que se jubilen, y establecía además que los médicos debían recetar medicamentos genéricos, para que se pague ese precio y no el de las marcas. El objetivo final era ajustar los números de la endeudada obra social.
Al justificar este proyecto, Sáenz afirmó que hay sospechas de sobrefacturaciones que se deben investigar. Esto es lo que replicaron los medios y que, al parecer, se tomó como “notitia criminis” por parte de la fiscalía.
Salinas Odorisio notificó formalmente al interventor del organismo, Emilio Savoy, sobre la apertura de la investigación y requirió la remisión urgente de documentación administrativa interna vinculada a los hechos que tomaron relevancia pública.
Se busca determinar si existieron conductas delictivas relacionadas con posibles sobrefacturaciones por parte de profesionales, prestadores y/o proveedores de servicios de salud, que pudieran haber generado un perjuicio económico al organismo provincial.
El requerimiento incluye la solicitud de copias autenticadas de las actuaciones administrativas que puedan aportar elementos relevantes al curso de la investigación en trámite.
Tres auditorías en curso
La Auditoría General de la Provincia (AGP) confirmó a Salta/12 que ya son tres los procesos de auditoría abiertos para conocer la situación del IPS.
De la página web de la AGP surge que la última auditoría al IPS se hizo 2014, si bien en 2019 se hizo otra, era solo sobre las prestaciones para el sector oncológico.
“Se analizan las cuentas generales de la provincia y ahí también se ven cosas del IPS”, se sostuvo desde el organismo. Y se indicó que allí se pudo observar que la obra social tiene varios períodos sin presentar los balances. Sostuvieron que esta fue la razón por la que ya desde el año pasado se planificaron las auditorías realizadas este año, “si bien ahora se precipitaron las cosas”.
En las observaciones del informe del “Examen Cuenta General del Ejercicio Año 2023” surge que el IPS no publicó sus estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2023, y también incumplió con la normativa vigente establecida respecto a la confección del balance.
El informe añade que la obra social “incumplió, además con lo establecido en la segunda parte del Artículo 7º de la Ley Nº 7.103: Los agentes, autoridades y titulares de organismos y entes sobre los cuales es competente la Auditoría General de la Provincia están obligados a proveerle la información que les requiera. El Instituto Provincial de Seguros Salta no ha remitido los Balances/Estados Contables conforme la normativa vigente, de Ejercicios anteriores al presente con la expresión: ‘Los EECC se encuentran en proceso de elaboración de los períodos 2021,2022 y 2023, una vez finalizados los mismos se procederá a la elaboración y envío del ejercicio en cuestión’”.
Otras observaciones
La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, había sostenido en diálogo con Radio Nacional que, entre otros factores que generaron el endeudamiento del IPS, se cuenta la falta de revisión en los convenios de reciprocidad con otras provincias.
Añadió en este sentido los convenios con algunos especialistas, como los anestesistas, que, según indicó, tuvieron un aumento gradual por sumas millonarias, además de algunos acuerdos que rigen para hospitales públicos.
En la sesión del martes último, el diputado provincial José Gauffín cuestionó al gobernador por referirse a la presunta sobrefacturación a la obra social sin haberlo denunciado ante la Justicia.
“No hace falta una comisión investigadora para conocer el déficit de la obra social. Claro está con los millones que pagan en alquiler de los diferentes edificios que tienen, los chalés superan los 20 millones mensuales”, añadió.
“Ese dinero se podría estar utilizando para construir al menos 730 metros cuadrados en el edificio propio que el IPS tiene en Avenida Belgrano. A esto se le suman los subsidios por inhumación, en donde se gastan 130 millones de pesos por año para las expensas de los cementerios, los amparos perdidos por falta de cobertura a personas con discapacidad, entre otros”, sentenció.
Por último, pidió al interventor “que audite, controle y corra a la corrupción enquistada en la obra social desde hace años”.-P12-
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