lunes, 22 abril, 2024
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El boleto de colectivo en Salta podría llegar a los $ 1.000

El análisis sobreviene a la quita del subsidio de la Nación al transporte de personas en las provincias. El último fue de 800 millones de pesos en diciembre.

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Tras la quita del subsidio nacional al transporte público de personas en las provincias, el gobierno de Salta analiza por un lado la posibilidad de reconfigurar el servicio y también la presentación de recursos judiciales contra la decisión presidencial. 

El presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), Marcelo Ferraris, describió así algunas alternativas que se estudian tras arrancar un 2024 sin una de las patas que financiaba el servicio masivo de personas en la provincia. 

Ayer, por su parte, el gobernador Gustavo Sáenz dijo en Radio Rivadavia que el boleto “va a ir seguramente a mil pesos”. Una opción que  “no se debe descartar”, dijo Ferraris a Salta/12.

Desde que empezó este año la Nación dejó de enviar el subsidio nacional de 800 millones de pesos mensuales. El monto surgió en diciembre de dividir los 8 mil millones que se otorgaron a las provincias. La cuenta exceptúa al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que desde siempre contó con el 85 por ciento del subsidio nacional, según recordó el gobernador salteño en la entrevista con el medio porteño.

Mientras dejaron a las provincias desde enero sin el subsidio, “al AMBA le entregaron unos 110 mil millones de pesos”, dijo Ferraris al detallar la desigualdad en el trato en el repareto de los recursos.

Con los ingresos rengos

El titular de la AMT recordó que la cobertura de costos del transporte consta de “tres patas”: una es el subsidio nacional; la segunda proviene de la provincia, y la tercera proviene de la recaudación por venta de boletos, actualmente en 290 pesos y, a partir de marzo, de 490 pesos.

Si bien el subsidio nacional representa entre un 16 y 19 por ciento del costo total del transporte provincial, Ferraris indicó que los recortes en los recursos provinciales en general también repercutirán en aquellos que se deriven al servicio.

La tercera pata de la recaudación, en tanto, proviene del pago por parte de las personas que viajan, que a partir de ahora tendrán que afrontar todos los aumentos de los servicios.  “Entonces hay una pata que no está más y dos que se encuentran severamente afectadas”, afirmó el funcionario.

Repensar el servicio para sostenerlo

Ferraris afirmó que una de las alternativas es convocar a transportistas, la UTA, y la SAETA con el objetivo de “rediscutir un nuevo sistema de transporte para lograr que no se pierda el producto” por la situación de crisis que atraviesa. 

Recordó que la última gran caída del servicio se sufrió en los 90, cuando el transporte fue trasladado desde los municipios a la provincia. “Pero en aquel momento el panorama era otro. Había colectivos en malas condiciones y la gente esperaba hasta una hora”, para poder usar el servicio. En la actualidad, afirmó, la crisis se circunscribe a un sistema con mejoras en el servicio de transporte (wifi en las unidades, aire frío/calor, y frecuencias, además de la renovación continua de los vehículos).

La necesidad es generar “el menor impacto posible para el bolsillo de la gente”, pensando en “la posibilidad de modificar recorridos y frecuencias”, dijo. También consideró la posibilidad de establecer una “declaración de emergencia”, para disponer las modificaciones.

Mientras, también se está a la espera de la publicidad del acto administrativo que suspende el envío de las partidas del fondo compensadora, que Ferraris consideró “ilegítimo”. Ello sin contar que el fondo de casi 102 mil millones de pesos para las provincias “está incluido en la prórroga del presupuesto 2023”. Frente a este panorama, afirmó que se analiza recurrir a la Justicia en contra de la decisión del Gobierno nacional. 

“Están perjudicando a los votantes del Presidente”

Los recortes a las partidas de las provincias perjudican a otros sectores y el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que con las políticas tomadas a nivel nacional “están perjudicando a los votantes del Presidente”.

Ayer, tras la reunión de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Mario Mimessi, se afirmó que preocupa el impacto de los recortes de fondos nacionales sobre la cobertura a celíacos, niños y niñas, embarazadas y personas vulnerables.

En un comunicado oficial, desde la cartera se detalló que las tarjetas para celíacos tuvieron un último giro de ala Nación en junio 2023, para cubrir solo 8 meses. Desde el 10 de diciembre no enviaron recursos y es por ello que no se acredita el monto en las tarjetas de quienes reciben esta ayuda en la provincia.

El gobierno provincial solicitó que se incremente el monto de entrega a $30.000 y desde la Nación contestaron que se podría llegar a $13.700 mensuales. Se espera también que el Ministerio de Capital Humano de la Nación refrende el convenio de continuidad que otorga cobertura a 664 niños, niñas, adolescentes y personas adultas.

Respecto de los llamados “módulos focalizados” que se otorgan en contextos rurales con baja densidad poblacional a infancias de 6 meses a 7 años y a embarazadas a partir del tercer mes, “Actualmente se está terminando la segunda ronda operativa de entrega y faltan dos más para cumplir con el convenio 2023, aunque faltan fondos nacionales para poder iniciar las restantes”, se indicó en el comunicado oficial, en el que se destacó que la política instrumentada desde 2011 “permitió disminuir notablemente la mortalidad infantil”.

Por otro lado, hay incertidumbre respecto de la continuidad del programa “Banco de Herramientas”, por el que se logró brindar mil máquinas y herramientas a 350 emprendedores de toda la provincia. Tampoco se confirmó “la continuidad de este programa, como tampoco el de microcréditos que este año debería alcanzar a 100 créditos urbanos y 16 rurales», informó Desarrollo Social.

Tampoco hay respuestas por el programa RENABAP y las obras que quedaron inconclusas en barrios populares a la espera de fondos nacionales para su finalización.

La infraestructura de Centros de Primera Infancia (solo dos construidos pero sin mobiliario y 16 comprometidos), sigue sin financiamiento nacional. Y también se encuentra en duda la prolongación del Programa UNIR, que involucra el acompañamiento de estrategias de crianza en 166 comunidades de Salta. Este finaliza en marzo de 2024. Trabajan en este programa 144 operadores en los municipios de Santa Victoria Este, Tartagal, Embarcación, Rivadavia Banda Norte y Sur, zonas con altas necesidades básicas insatisfechas.

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