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El Gobierno gasta $4.200 millones diarios para pagar planes sociales

De acuerdo con información publicada por el Gobierno en el sitio oficial Presupuesto Abierto, el nivel de ejecución de partidas en tiempo real refleja cómo se acelera el gasto público, uno de los temas claves de la campaña electoral.

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El gasto público se viene acelerando a pasos agigantados, a tal punto que ya se destinan casi $4.200 millones diarios a pagar planes sociales, y en 8 meses se consumió casi todo el presupuesto previsto para el año, según surge de datos oficiales.

El Gobierno ya gastó más de un billón de pesos en estos polémicos planes que, en muchos casos, administran organizaciones piqueteras.

De acuerdo con información publicada por el Gobierno en el sitio oficial Presupuesto Abierto, el nivel de ejecución de partidas en tiempo real refleja cómo se acelera el gasto público, uno de los temas claves de la campaña electoral.

Hasta este lunes, ya se transfirieron 1,02 billones de pesos a la cartera de Desarrollo Social que encabeza Victoria Tolosa Paz.

Ya se consumió el 90% de los 1,16 billones de pesos estimado como fondos anuales.

El aumento del Gobierno

Por las dudas, el Gobierno ya la aumentó a $1,24 billones, pero a este paso tampoco alcanzará, según ONG que siguen el día a día de las erogaciones.

Los principales programas beneficiados fueron el Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias, que concentran casi la totalidad de los recursos.

Pero también otros planes como Abordaje Territorial e Integración Socio Urbana.

El entramado de organizaciones que hacen de intermediarias entre el Estado y los beneficiarios de planes genera cada vez más suspicacias en el mundo de la política.

El hecho de que organizaciones piqueteras como la que encabeza Emilio Pérsico -funcionario de Desarrollo Social- hayan podido financiar una campaña electoral en un distrito clave como La Matanza, generan fuertes cruces en el arco político.

En ese distrito, Patricia Cubría -la mujer de Pérsico- compitió en las primarias y fue derrotada por el intendente Fernando Espinoza, otro funcionario que viene siendo acusado de haber echado mano de recursos de los contribuyentes para hacer campaña.

Uno por uno, los planes sociales que más gasto demandan.

El programa que más recursos recibió es el Potenciar Trabajo, con $479.651 millones, el 81,3% de los $590.982 millones globales que tiene en su presupuesto.

En el caso de Políticas Alimentarias, partida que ya fue ampliada en julio hasta $486.609 millones, son $441.322 millones que se utilizaron. Entre ambos, superan ya los $920.000 millones.

Dos programas centrales

Se trata de los dos programas centrales del Ministerio, que conducen Pérsico -quien encabezó actos junto al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa- y Laura Valeria Alonso, dirigentes del Movimiento Evita y La Cámpora, respectivamente.

Repercuten, en el primer caso, en 1,3 millones de personas, y en el segundo, impacta en cerca de cuatro millones de personas que reciben la Tarjeta Alimentar.

Son además, las cajas que generan constantemente reclamos de piqueteros, por actualizaciones en los montos.

Esta semana se espera que las organizaciones de izquierda salgan a cortar calles, pidiendo actualizaciones de hasta un 100% para paliar la inflación.

La pregunta que se hacen especialistas es hasta cuándo la Argentina destinará fondos recaudados por los altísimos impuestos aplicados a los contribuyentes para financiar planes que en muchos casos son utilizados con fines políticos.

Cuando se hila fino en el nivel de gasto social, se advierte cómo en lo que va del año, inflación mediante, repercuten los planes en el total ejecutado va en ascenso constante.

En enero se estimaban en alrededor de $2.700 millones por día las erogaciones destinadas a la cobertura de planes sociales.

En agosto, apenas siete meses después, esa cifra ya supera los $ 4.000 millones cada 24 horas e incluye lo destinado a Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar.

Las cajas que manejan líderes piqueteros y organizaciones

El Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias no son las únicas cajas que manejan líderes piqueteros y organizaciones sociales que tienen cargos de la estructura de Desarrollo Social.

Las dos partidas que le siguen en términos de presupuesto también las administran dirigentes K.

Eugenia Meana, quien se define como «peronista militante de La Cámpora», es la secretaria de Abordaje Territorial, un programa que en lo que va del año utilizó recursos por $43.897 millones.

Otra estructura que tiene como función entregar fondos asistenciales es la «Integración Socio Urbana». Su titular es Ramona Fernanda Miño, una de las dirigentes que internamente depende de Juan Grabois, piquetero K, cercano al papa Francisco, que en las últimas elecciones sacó casi el 6% de los votos pese a perder la PASO con Massa. Miño, hasta agosto, tuvo a cargo $12.280 millones.

Después de Integración Socio Urbana, el mayor gasto del Ministerio corresponde a las denominadas actividades centrales, exactamente $11.665 millones.

Le sigue Abordaje Integral, con $4.429 millones a la fecha, y otros $30.000 millones que se repartieron en una veintena de programas.

Piqueteros y política

Desarrollo Social es un Ministerio loteado por las organizaciones sociales afines al kirchnerismo, desde antes de que asumiera Tolosa Paz en el cargo, en octubre.

Ya en las gestiones previas de Daniel Arroyo y Juan Zabaleta, la lucha de poder territorial fue una constante.

Con el Movimiento Evita y La Cámpora enfrentados desde hace tiempo en medio de la puja entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, también tienen poder de fuego interno otros referentes sociales, como Grabois, a través de dirigentes que responden a él como Miño.

El año pasado, Grabois perdió a uno de sus soldados, echado por Pérsico después de diferencias internas: fue Rafael Klejzer, del Movimiento La Dignidad, que era director nacional de Políticas Integradoras y ya fuera del Gobierno es quien está liderando operativos piqueteros de controles de precios en supermercados.

También hay leales a Pérsico, como Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, quien se desempeña como subsecretario de políticas de integración y formación, y fue uno de los promotores iniciales de los controles de precios, además de haber motorizado una marcha contra el campo hacia La Rural que finalmente terminó realizando en las puertas del Congreso.

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