El estado de la RN9, más conocida como ingreso a Salta o ex peaje Aunor, es lamentable. Gran parte de los 43 km que unen Güemes con Salta Capital, se encuentran dinamitados por pozos y baches que fueron apareciendo en los últimos años. El deterioro es visible por salteños y turistas que diariamente recorren el tramo.
Ante esto, el director de Vialidad de Salta, Gonzalo Macedo, explicó en FM Profesional que continúan haciendo pedidos a Vialidad Nacional para brindar una de dos soluciones: girar fondos para la repavimentación de la obra o que ellos mismos se hagan cargo de las tareas.
En respuesta al tema, este martes, la emisora se contactó con quien supo ser uno de los directores del ex peaje Aunor, Alejandro Martorell, quien detalló cómo fue el proceso desde que se instalaron en el 2000 hasta la recisión del contrato en 2014, durante la gestión del ex gobernador Juan Manuel Urtubey.
Por empezar, detalló que la crisis del 2001 ameritaba que haya una actualización en la tarifa, la cual en ese momento costaba $1,94 y equivalía a 1,94 dólares. Pero no fue hasta el año 2005 que luego de varios reclamos, el gobierno provincial se la otorgó, llegando a $2,50, monto que igualmente era menor al anterior teniendo en cuenta el contexto inflacionario, ya que la relación peso-dólar no era la misma.
Paralelamente surgía otra cuestión: el gobierno de la provincia comenzó a subvencionar al tránsito pesado. Martorell expresó que la decisión los perjudicó, ya que fue Aunor quien terminó haciéndose cargo del pago. “La provincia nunca nos reconoció esa diferencia, era un numero enorme”, afirmó.
A pesar de ello, la empresa continuó brindando los servicios y realizando el mantenimiento correspondiente, como los cortes de pasto, plantación de árboles y las plataformas para transportar vehículos. Pero llegó un momento en que la recaudación que se generaba no alcanzaba ni para pagar los sueldos del personal.
Fue así que tras varios intentos de reunirse con alguna autoridad gubernamental, lograron un encuentro con el ex ministro de Finanzas y Obras públicas de la provincia, Carlos Parodi, quien, según Martorell, les expresó que “a los empresarios les toca ganar o perder, y que esa vez les tocó perder”.
También explicó que el gobierno de la provincia, tras la rescisión del contrato, se quedó con todos los equipamientos de Aunor, como por ejemplo camiones con bandejas, herramientas para reparaciones, computadoras, escritorios, entre otros elementos.
Pasaron los años, hasta que entre 2016 y 2017, tras un acuerdo entre ambas partes, el gobierno de la provincia les abonó más de $15.000.000, los cuales sirvieron para el pago de indemnizaciones al personal (trabajadores que luego la provincia absorbió), y el pago de proveedores. Martorell fue contundente al afirmar que por la “inseguridad jurídica total” de Salta, “jamás volvería a hacer nada con el Estado”.
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