El sector pasivo de la Policía de Salta y del Servicio Penitenciario lleva larga data con el problema de no poder contar con lo que la ley de trabajo les otorga: un sueldo digno por el servicio prestado.
Es así que mes a mes, los ya retirados de las fuerzas de la Provincia sufren el «despelote» de cobrar a viejos valores, con actualización de haberes muy retrasados. Eso sí, están obligados a sobrevivir con la inflación día a día.
Actualmente están a la espera de cobrar sus aumentos correspondidos desde el mes de Diciembre de 2022. Sin embargo, ya estamos en Abril del 2023 -pasaron cinco meses- y nada.
Para comprender un poco esta historia hay que remontarse al 28 de diciembre del año 2005, cuando un acta complementaria desligó al Gobierno de Salta a pagar solamente la mitad de los haberes para la Policía. La parte restante fue transferida a ANSES, dando como resultado que este sector tiene dos cajas: la Provincial y la Nacional.
Obviamente esto generó consecuencias graves, ya que para una institución provincial pasar a depender de un organismo nacional es un suicidio. ¿En verdad se cree que ANSES tiene como prioridad a los retirados salteños para pagarles?. La respuesta es un rotundo no.
Quien se encarga de todo el «papelerio» es la Unidad de Trámites Previsionales del Ministerio de Seguridad y Justicia (UTP), quienes elevan los instrumentos necesarios a la Administración Nacional de la Seguridad Social y así hacer efectivas las actualizaciones salariales demandadas. Pero siempre hay trabas y demoras, sumado a un sinfin de reclamos hacia Claudia Bravo, titular de la UTP.
Pero la odisea va más allá, porque para apurar los trámites nacionales se necesita una voz de mando, un gobierno provincial presente. Como mencionamos, el problema lleva ya casi unos 20 años y el sector siempre se ha expresado en un dialogo con las autoridades de Salta, que jamás fueron escuchados. Solamente un par de reuniones con ministros de turnos, pero «entró por un oído y salió por el otro». Lo que reclaman es que el actual Gobernador Gustavo Sáenz sea quien tome la batuta y dirija a este sector a un camino llano de una vez por todas.
«Somos retirados de la fuerza y tenemos este problema hace años. Siempre hemos tenido la pasividad de esperar, pero con este gobierno, nunca nos han escuchado»: el mensaje que llegó a Enterate Salta exponiendo el problema.
Sindicalización policial, una posible solución
Para graficarlo un poco, año tras año vemos plasmados en los portales de noticias la lucha del sector docente, empleados municipales, entre otros, que logran -si se quiere- su objetivo de ser partícipes y tomar el poder sobre su trabajo. Esto es gracias a que están conformados por sindicatos, es decir forman asociación de trabajadores para defensa sus intereses profesionales, económicos y laborales, un derecho recomendado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
¿Se imaginan que existiere un sindicato de la Policía de Salta?. Que el sector pueda participar de las paritarias todos los años sería un gran avance. De hecho, ya se presentó un proyecto de ley para tal fin en la cámara de Diputados de Salta, pero nada avanza.
El problema es que Salta está estancada. Aún mantiene la vieja mentalidad de que el Policía es un funcionario que estrictamente debe obedecer al Gobierno, incluso si eso demanda tener que caer en lo más bajo de la sociedad, con ingresos despreciables y una vida poco disfrutable.
La nueva protesta del sector: «tener memoria en las urnas»
Es casi un hecho que el grupo se cansó y aprovechará las elecciones de mayo para hacerse «escuchar».
«Vamos a votar a otros candidatos. Queremos un cambio y ser escuchados de una vez. Esto ya no da para más, la Policía no puede estar tan abandonada», dijo la fuente llegada a nuestro medio.
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