El pedido de captura de Carlos «Conejo» Martínez de Aguas Blancas despertó nuevamente las críticas contra la corrupción que gira en torno a los intendentes. No es poco. En los últimos 10 años, al menos 10 jefes comunales han sido imputados, procesados, juzgados e incluso condenados por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, y en algunos casos, corrupción de menores o trata de personas. La impunidad percibida y el enriquecimiento de estos funcionarios mientras sus pueblos permanecen en la miseria generan una creciente resignación entre los habitantes al punto que si hacemos un repaso de sus historiales descubriremos el lado más oscuro de algunos políticos.
Uno de los casos más recordados es el de Julio Jalit, exintendente que pasó de ser empleado de una estación de servicio a multimillonario, terrateniente y empresario de transporte. Jalit se autodefinía como «inteligente para robar», una frase que quedó grabada en la memoria colectiva de los salteños. Otros nombres destacados incluyen a Manuel Cornejo de Campo Quijano, condenado, y Enrique Prado, exintendente de Aguaray, cuyo escándalo por el robo de caños del Gasoducto NEA llegó a ser noticia nacional.
En días recientes, la exintendenta de Isla de Cañas, Angelina Lucía Canchi, fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por delitos de usurpación de cargo, fraude a la administración pública, supresión de documentos y peculado reiterado. Canchi ya cumple su condena en la Unidad Carcelaria 9 de Orán y ha sido inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
Otro caso relevante es el de Ernesto Fernando «Kila» Gonza, exintendente de San Lorenzo, condenado a tres años de prisión condicional por fraude en perjuicio de la administración pública y peculado. Gonza también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, mientras que su secretario de Obras Públicas, Sergio Armando, recibió una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional.
El caso que mayor repercusión tuvo a nivel nacional fue el del exintendente de Aguaray, Enrique Prado, quien lideró un plan criminal para robar y comercializar caños del Gasoducto NEA por más de 13 millones de dólares. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó su sentencia a seis años y seis meses de prisión por robo agravado.
Otro intendente involucrado en actos de corrupción es Eduardo Díaz, exintendente de Angastaco, quien fue condenado a tres años de prisión condicional por peculado. Su esposa, Alicia Elvira Ríos, también fue condenada por participar en los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos.
Este patrón de corrupción ha generado no solo enojo, sino también una sensación de habituación entre los salteños, quienes ven cómo sus dirigentes pasan de la pobreza a la opulencia mientras sus comunidades enfrentan cada vez mayores dificultades.
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