La jueza federal de garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró formalizada ayer la investigación penal seguida contra tres ciudadanos bolivianos por el delito de contrabando de importación de estupefacientes agravado por estar destinado a la comercialización y por el número de intervinientes -en grado de coautores-, luego de que fueron detenidos el 6 de octubre pasado, alrededor de las 19.00, con un cargamento de casi 370 kilos de marihuana cuando transitaban en camioneta por un camino alternativo ubicado a 20 kilómetros de la localidad de Socompa, en el departamento Los Andes de esa provincia.
La imputación fue realizada por la fiscal subrogante del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, Paula Gallo. En el inicio de la audiencia, los acusados fueron identificados como Cleto Ricardo Berna Delgado, Bautista Segundino Bernal y Oscar Bernal Cruz. Este último es el padre de Bernal, quien es sobrino de Delgado.
El lugar donde fueron sorprendidos los acusados está situado en una zona inhóspita, de alta montaña, con laderas escarpadas y a una altura promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Personal del Escuadrón 22 de San Antonio de los Cobres, de Gendarmería Nacional, vigila esa zona, dado que suele ser el paso de operaciones de narcotráfico.
El cargamento de marihuana y las patentes para vehículos con registros de Chile que fueron secuestradas de la camioneta en la que transitaban los acusados. Foto: GNA.
De acuerdo con el relato realizado por la representante del MPF durante la audiencia de formalización de la imputación, en este caso una patrulla de gendarmes interceptó una camioneta Toyota Hilux que había visto ingresar a territorio nacional procedente de Chile, con una pesada carga en la caja y en la parte de atrás de la cabina.
La fiscal indicó que, ante la presencia de los uniformados, los acusados se mostraron nerviosos y no pudieron justificar su presencia en el lugar. Añadió que el fuerte olor a marihuana que percibieron rápidamente los gendarmes justificó el estado de sospecha suficiente para avanzar con una requisa más profunda requerida desde la fiscalía, con intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana.
Modalidad
La fiscal narró que, dada la magnitud del caso, la camioneta, que era conducida por Bernal y llevaba patente chilena, fue trasladada hasta la base operativa de San Antonio de los Cobres, donde se pudo establecer que llevaba 17 bultos, 15 en la caja y 2 más en la parte trasera de la cabina, para cuyo traslado habían sido retirados los asientos.
Describió además que del interior de los bultos fueron extraídos 364 paquetes de marihuana, con un peso total de 368,600 kilogramos. Por otra parte, se secuestraron dos teléfonos celulares y una bolsa, en cuyo interior había treinta patentes chilenas.
Cuando finalizó la descripción del hecho y la enumeración de las pruebas, la fiscal señaló que existían los elementos suficientes para acreditar la conducta delictiva de los tres acusados, quienes en la audiencia optaron por no prestar declaración y sólo dijeron ser oriundos de la localidad boliviana de Soniquera, ubicada en Potosí.
La fiscal resaltó entonces la gravedad del hecho, la logística usada por los acusados para el contrabando y puso de relieve que circulaban con las luces internas del vehículo tapadas con cartón, para evitar ser divisados.
Al momento de expedirse sobre las medidas de coerción, la fiscal solicitó la prisión preventiva de los imputados. Argumentó el alto riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, pues sostuvo que el accionar descubierto en el caso responde a una organización narcocriminal, por lo que no se descarta dar con otros implicados.
Asimismo, destacó la falta de arraigo de los acusados y la escala penal correspondiente a la calificación legal del caso, pues no contempla la posibilidad de una pena de ejecución condicional en caso de recaer condena. La defensa, por su parte, no presentó objeciones a los planteos de la fiscalía, que fueron aceptados por la jueza. La magistrada también autorizó una serie de peritajes técnicos y el levantamiento del secreto bancario de los acusados.
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