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Recuperaron en Bolivia a la bebé salteña que habían vendido: hay tres detenidos

Nació en Orán. Profesionales del hospital San Vicente de Paul notaron una irregularidad dentro del nosocomio y dieron aviso a la Policía de la Provincia de Salta.

En un escalofriante caso que ha conmocionado a vecinos de Orán. Una madre y dos hermanos han sido imputados por el aberrante delito de venta ilegal de una bebé recién nacida, quien fue trasladada de manera clandestina hacia Bolivia. Los involucrados, Patsy Godoy, la madre de la menor, y los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz, enfrentan cargos por «supresión de estado civil» en grado de coautores, un delito que podría costarles varios años de prisión.

El caso salió a la luz de la manera más inesperada. Un agente sanitario, al realizar una visita de rutina al hogar de Patsy Godoy, se percató de que la recién nacida, que debería haber estado bajo el cuidado de su madre, no se encontraba en la vivienda. Alarmado por la situación, el agente informó inmediatamente a las autoridades, desatando una serie de eventos que llevarían a uno de los descubrimientos más perturbadores de los últimos tiempos.

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La investigación, liderada por la fiscal interina María del Carmen Núñez de la Fiscalía de la Sede Descentralizada de Orán, reveló una trama tan siniestra como desgarradora. Según se pudo reconstruir, Patsy Godoy había entregado a su hija a los hermanos Evaristo y María Caiguara Ortiz, quienes, en un acto de frialdad y desprecio por la vida humana, se encargaron de trasladar a la pequeña hasta la ciudad boliviana de Bermejo, cruzando la frontera sin levantar sospechas.

La gravedad de los hechos no pasó desapercibida para la fiscal Núñez, quien actuó con celeridad para evitar que este terrible crimen quedara impune. Gracias a su intervención, se logró que a los hermanos Caiguara Ortiz se les dictara prisión preventiva, mientras que Godoy quedó en libertad bajo estrictas condiciones, incluyendo la prohibición de acercarse a la niña que, por su propia decisión, había entregado a otros.

El delito que se les imputa, basado en el segundo párrafo del artículo 139 del Código Penal, prevé penas de 2 a 6 años de prisión para quienes alteren o supriman la identidad de un menor de 10 años. Sin embargo, el horror del caso va más allá de lo que las palabras del Código Penal puedan describir. La fiscal Núñez no descartó la posibilidad de que este abominable hecho esté vinculado a una red internacional de trata de personas, lo que sumaría un nuevo y aterrador capítulo a esta historia.

El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, hizo eco de la gravedad del caso y, respaldando la solicitud de la fiscalía, ordenó la prisión preventiva de los hermanos Caiguara Ortiz. Su decisión se fundamentó en el riesgo de fuga, dado que los imputados ya habían demostrado su capacidad para cruzar fronteras con total impunidad, poniendo en peligro la vida y el bienestar de la menor.

Afortunadamente, y dentro de un contexto tan oscuro, la pequeña fue recuperada en buen estado de salud y ahora se encuentra bajo la protección de la Secretaría de la Niñez de la jurisdicción. Durante la audiencia judicial, la Defensoría Pública de Menores representó a la niña, asegurando que sus derechos y su futuro sean salvaguardados en todo momento.

Este espantoso caso sirve como un recordatorio de las atrocidades que, lamentablemente, siguen ocurriendo en el mundo y de la importancia de la vigilancia y la acción rápida para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad.

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