En una decisión que ha generado amplio debate en el ámbito judicial y político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha ratificado el procesamiento de la dirigente social Milagro Sala por el delito de «atentado y resistencia a la autoridad». La máxima instancia judicial desestimó un recurso presentado por la defensa de Sala, que sostenía que el procesamiento carecía de fundamentos.
El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2016, cuando Sala habría instruido a sus seguidores para impedir la construcción de un jardín de infantes en la localidad jujeña de Campo Verde. Según la acusación, los manifestantes habrían agredido a funcionarios municipales y a la policía durante la protesta.
La CSJN respaldó el procesamiento de Milagro Sala, argumentando que se basa en las pruebas recopiladas por la justicia jujeña. El fallo fue suscrito por los cuatro jueces del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Con esta decisión, Sala deberá enfrentar un juicio oral por el cargo de «atentado y resistencia a la autoridad». La dirigente social se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016, enfrentando acusaciones que incluyen asociación ilícita, extorsión y fraude, entre otros delitos.
El fallo de la CSJN ha provocado críticas por parte de la defensa de Sala y de diversas organizaciones sociales y políticas que la respaldan. La abogada de Sala, Gabriela Boquín, expresó su descontento, considerando que esta decisión representa «un retroceso» para el sistema judicial argentino, desatando así un intenso debate sobre la justicia y los derechos civiles en el país.
«Es una decisión política que no tiene sustento jurídico», dijo Boquín. «La Corte ha dejado en claro que no está dispuesta a garantizar la independencia de la justicia en la provincia de Jujuy», finalizó.
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