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Insisten el pedido en contra de arresto domiciliario de jefes penitenciarios, por otra amenaza

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Los mencionados funcionarios judiciales, integrantes de la Unidad Fiscal que lleva adelante la investigación a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas, interpusieron ante el Juzgado de Garantías 3 una reiteración del recurso de Apelación en contra de las Resoluciones adoptadas por el Juez de Garantías 4, quien ordenó la medida sustitutiva de detención domiciliaria de 13 de los involucrados.

Así, desde la Unidad Fiscal se ratificaron y ampliaron los fundamentos del pedido de revocatoria de arresto domiciliario ya solicitado en fecha 29 de diciembre de 2023 y se requirió se ordene la detención de los imputados.

En la mañana de ayer, la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta recibió una denuncia de amenazas a una persona vinculada a la causa. Además, se destacó que se logró advertir que las líneas telefónicas pertenecientes a los teléfonos secuestrados fueron activadas en otros aparatos telefónicos, ocasionando con ello el entorpecimiento de la investigación.

En el escrito también precisaron que “no se pueden detallar los nombres y apellidos de los testigos citados, toda vez que los mismos son interceptados días antes de declarar, en sede de esta Unidad Fiscal”.

Con todo ello, y dado el estado de la investigación, consideraron que “existe riesgo de entorpecimiento previsto por el Art. 389 del C.P.P., en tanto aún no se les ha recibido declaración a los posibles testigos de los hechos, siendo necesario cautelar su testimonio tanto en esta etapa como en el plenario, en donde en definitiva se constituirán en prueba”.

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