Santiago López Soto, fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio en el que cuatro personas fueron condenadas a prisión efectiva por venta de estupefacientes.
Verónica Beatriz Alluza y Pablo Audelino Leguina fueron sentenciados a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por ser autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Por su parte, Silvia Liliana Alluza y Martín Rodrigo Guzmán fueron condenados a dos años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo como partícipes secundarios del mismo delito. Guzmán contaba con una condena previa de nueve meses de ejecución condicional que le fue revocada por lo que pasará tres años y cinco meses en prisión.
La intervención de UFINAR inició en abril de 2022 a raíz de una denuncia anónima efectuada en la web del Ministerio Público Fiscal que daba cuenta que en un domicilio de barrio Castañares, Silvia Alluza y sus familiares vendían drogas.
Con el objetivo de verificar la veracidad de la denuncia, UFINAR inició una investigación que tuvo como resultado el registro de la persona denunciada junto con sus hermanos participando en transacciones de “papelitos” a cambio de dinero. Además, se ha observó la participación de un vecino de apellido Guzmán, quien colaboraba en estas actividades.
Además, los investigadores recopilaron pruebas que muestran a los hermanos de Alluza involucrados en la venta de sustancias en otros domicilios. En consecuencia, el fiscal López Soto solicitó al Juzgado de Garantías la autorización para llevar a cabo allanamientos en un total de cinco viviendas.
El 1 de junio de 2022, durante los operativos llevados a cabo en el domicilio de Verónica Beatriz Alluza y Pablo Audelino Leguina en el barrio Leopoldo Lugones, se incautaron más de 300 dosis de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares, así como diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias estupefacientes.
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