Una nena de 12 años de la comunidad wichí que fue abusada se encadenó esta semana en el edificio de la Justicia de Tartagal, en el norte de Salta, al sospechar que iban a interrumpirle el embarazo de cinco meses que cursa.
El caso se originó a raíz de una investigación penal que impulsa el Poder Judicial de Salta contra un joven de 19 años, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.
La denuncia fue presentada por la fiscal penal de Violencia de Género de ese distrito. El hecho de violencia sexual ocurrió en un paraje de la región donde habita la comunidad wichí. La menor quedó embarazada a consecuencia del abuso.
El martes pasado, la nena había sido citada a la sede judicial para prestar declaración por el caso. Según se informó en el comunicado oficial del Poder Judicial de Salta, la audiencia se iba a realizar por medio de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con el objetivo de resguardar su integridad y privacidad.
Poder Judicial, ciudad de Tartagal
Sin embargo, ella interpretó que la cita tenía que ver con la interrupción forzada de su embarazo. Por esta confusión decidió encadenarse en la Ciudad Judicial con el respaldo de su madre y de la referente de la comunidad wichí, Marcela Calermo.
Una psicóloga del Ministerio Público de Tartagal la asistió de inmediato. En esa instancia, le explicaron que la convocatoria judicial era para que pudiera contar lo sucedido en el marco de la investigación.
Según el comunicado oficial, la menor recibió acompañamiento durante toda la diligencia, y tanto ella como su familia contaron con asistencia de un intérprete para garantizar la comprensión de todo el proceso.
Tras despejar las dudas, la nena brindó su testimonio y la causa siguió su curso. Ahora se busca al acusado: el Juzgado de Garantías N°2 ya ordenó su detención.
Mientras la Policía sigue la búsqueda, la menor se encuentra bajo seguimiento sanitario. Patricia Leal, directora de Materno e Infancia de la provincia de Salta, dio una entrevista a Multivisión Federal en la que contó que fue ella quien detectó el embarazo durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando la chica tenía alrededor de ocho semanas de gestación.
“Entonces se le informó a la mamá que existen muchas posibilidades ante un embarazo, tanto continuar con la gestación como también la opción de la interrupción, porque así lo establece la ley, pero de ninguna manera se la obligó a abortar”, contó la funcionaria.
Desde entonces, la nena comenzó a recibir controles médicos en la maternidad del hospital de Tartagal, con seguimiento del equipo de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. “Como vive lejos, se la internó para controlar el embarazo y asegurar todos los estudios que necesitaba”, señaló Leal.
Sobre los riesgos para la salud de una embarazada tan joven, explicó que siempre existe riesgo obstétrico cuando el embarazo ocurre en menores de edad, igual que en madres mayores, pero que la decisión médica es acompañar y monitorear la salud de cada paciente, adaptando los controles mes a mes según necesidades específicas.
En tanto, Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, aclaró a Videotar Noticias que sorprendió lo sucedido porque el área desconocía que la nena estaba involucrada en un proceso judicial de este tipo.
“Nosotros garantizamos los derechos de niños, niñas y adolescentes, y no vamos a dar detalles por la reserva que amerita el caso. Una niña no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales, pero la ley no puede obligar a nadie a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad. Lo que hacemos es sugerir que las familias reciban asesoramiento legal y sanitario para acceder a toda la información y cuidados necesarios ante este tipo de situaciones”, indicó Tackzek.
Tras la protesta y la declaración judicial de este miércoles, la nena concurrió a nuevos controles médicos. Según informó Calermo a medios locales, tanto la menor como el bebé presentan buen estado de salud y el seguimiento profesional va a continuar.
