En un plazo de 30 días, el Estado jujeño deberá retrotraer y reparar los daños provocados en Caspalá, devolver la cancha ancestral y la propiedad de Pablo Cruz Moyoja. Así loestablece un convenio entre el Ministerio Público Fiscal federal y la Fiscalía de Estado que fue homologado ayer por la Justicia Federal.
La jueza federal Carina Gregoraschuk homologó este convenio de reparación integral a la comunidad kolla de Caspalá. El acuerdo representa un triunfo para la población caspaleña que resistió la decisión del entonces gobernador Gerardo Morales de avanzar sobre territorio de uso comunitario, donde pretendía construir un colegio secundario, a pesar de que ya se había destinado otro terreno para ese fin.
De esta manera el gobierno de Jujuy queda obligado a volver las cosas al estado anterior al 2 de noviembre de 2022. Y para ello tiene un plazo de 30 días.
El convenio, firmado el 13 de noviembre por la fiscal federal Lucia Orsetti y la Fiscalía de Estado de la provincia, representada por Miguel Angel Rivas, da una solución al conflicto suscitado en 2022.
Representantes de la comunidad kolla de Caspalá, su presidenta, Lucia Apaza, integrantes y damnificados como Lidia Balcarce, Saturnina Batallanos, Francisca Coronel, Eulalia Tito y Pablo Cruz Moyoja, viajaron hasta San Salvador de Jujuy para conocer la resolución de la Justicia Federal que devuelve la paz a este pueblo ubicado a 3300 metros sobre el nivel del mar, en Valle Grande, a 240 kilómetros de la capital jujeña.
Imagen: Mariana Mamani
En una audiencia virtual comuneras y comunero escucharon que el gobierno provincial debe devolver la cancha ancestral Finca Pozuelos que fue usurpada para la construcción de la escuela secundaria N° 57, y la Finca Santa Rosa, propiedad de Pablo Cruz Moyoja, que le había sido expropiada por ley, que ahora deberá derogarse. La comunidad de Caspalá no rechazaba la escuela, sino que pretendía que se construyera en un terreno adquirido para ese fin en 2015. La cancha que el gobierno quería destruir es un espacio de uso común nivelada por varias generaciones.
El pasado 18 de noviembre se cumplieron dos años de la represión que sufrió la comunidad kolla de Caspalá cuando intentó resistir la destrucción de esta cancha, espacio de celebraciones deportivas y culturales, y que hasta es usada como helipuerto en casos de emergencias.
En 2022 el gobierno de Morales avanzó contra la comunidad sin haber realizado estudios de impacto ambiental, y hasta avanzando sobre un sitio arqueológico. En 2021 Caspalá fue declarado por la Organización Mundial de Turismo como uno de los diez pueblos más bellos del mundo por el valor patrimonial cultural y paisajístico.
El convenio no fue fácil
En una extensa audiencia, la fiscal Orsetti expuso la investigación que se inició en abril de 2023 tras la recepción de una denuncia radicada en la ciudad de Buenos Aires. Relató las audiencias celebradas para llegar a un acuerdo de reparación integral.
“No fue fácil escribir, ni llegar al entendimiento con Fiscalía de Estado. Todo lo contrario, fue producto de mucho esfuerzo desde la comunidad, la querella, por hacerse oír y dar a entender sus preocupaciones, sus derechos vulnerados”, afirmó.
Asimismo, “el camino institucional fue complejo», dijo antes de recordar que la medida cautelar federal dictada en enero de este año que «ordenaba al gobierno provincial abstenerse de continuar obras en Caspalá», fue impugnada por la Fiscalía de Estado y fue confirmada. Ahora esta medida se levantará parcialmente para que se cumpla con el convenio firmado.
La fiscal detalló que en la investigación se hizo un análisis desde lo histórico, cultural, arqueológico y antropológico, con informes contundentes, aportes de pruebas y material fotográfico de los daños a la comunidad.
La querella de la comunidad, representada por las abogadas Silvana Llanés y Alejandra Cejas, adhirió al trabajo realizado por la fiscal. “Es una reivindicación de nuestra cultura, se han avasallado derechos de manera totalmente impune y esto es brindarle a la comunidad de Caspalá un respiro», manifestó Llanés, quien resaltó «el esfuerzo de llegar a este convenio. Veníamos del fuero provincial y nos ha costado horrores”, dijo.
«Nos escucharon»
La jueza también escuchó a la comunidad, representada por mayoría de mujeres. “Pedimos que se respete nuestra cultura, nuestra ancestralidad, que no nos discriminen. Hemos llegado a pensar que nos quieren erradicar. Esto es ver justicia por mi comunidad. Somos pueblos preexistentes, somos parte de nuestra Pacha. No nos quieren entender que luchamos por la vida, el agua, el territorio para las futuras generaciones. Le agradezco por darle un poco de paz a mi comunidad que tenía miedo a la policía. ¡Jallalla!», expresó Lidia Balcarce.
Luego Lucía Apaza dijo: “nos dieron esta resolución con verdadera dignidad y justicia porque nos escucharon, tuvieron la valentía de hacer respetar leyes, convenios provinciales, nacionales, internacionales, que nos amparaban y nos demostraron que hay justicia. La comunidad de Caspalá se puso de pie, denunciamos lo que nos dañaron, rompieron antigales, quisieron quitarnos nuestra cultura”
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Siguió Saturnina Batallanos: “el día de la represión estaba con mi mamá de 80 años, para defender la cancha hicimos un almuerzo. No sabíamos qué nos iba a pasar. Llegó la policía, sin orden detuvo a las personas. Las arrastraban como animales, no tuvo compasión de niños ni abuelos. Fue por orden del comisionado, nos asustaron, largaron balas de gomas, gases lacrimógenos. Jamás pasó eso en Caspalá, hubo heridos. Los niños lloraban, fue fatal ese día», recordó. Luego agradeció la resolución: «estamos contentos porque han hecho justicia. Solo podemos decir gracias, por recuperar la cancha, el terreno de don Pablo. El tenía sus animales, sus vacas se murieron. No tiene donde sembrar, tenía sus plantas frutales, huertas, y le pasaron las máquinas sobre todo, los antigales. Esa gente no tuvo compasión y se llevó todo por delante. No lloramos de tristeza, sino de alegría. Caspalá que está de pie».
Eulalia Tito, dijo entre lágrimas: “Gracias por la justicia, por recuperar la paz en nuestro pueblo. A partir de ese día no vivimos en paz. Todo el tiempo eran amenazas que íbamos a ir presos porque fuimos a defender. Hoy nos llevamos esa paz, gracias infinitas”.
También Pablo Cruz agradeció. “Cuando usurparon mi propiedad hicieron llorar a mi familia, mi nena chiquita. Yo estaba internado en el hospital, y el gobierno de turno hacia lo que quería”. “Hemos tenido daños psicológicos de los hijos. Nos tocó vivir lastimosamente por ser dueño de una propiedad con todos los papeles, simplemente por el capricho de unos cuantos y la desidia de tratar mal a la gente”, recordó.
“Celebro este acto de corazón”
La jueza Carina Gregoraschuk resaltó el trabajo de la fiscalía y la querella al defender las necesidades y derechos de la comunidad kolla de Caspalá.
“Celebro este acto, lo celebro de corazón. Me parece un gran acto de justicia realizado con mucha responsabilidad y mucho amor, mucho respeto para con nuestros ancestros, nuestras comunidades aborígenes y estoy completamente de acuerdo con este convenio”, expresó emocionada la jueza.
De inmediato, el Estado provincial deberá nivelar, retirar las columnas y cimientos para que en enero la comunidad pueda realizar sus actividades en la cancha comunitaria.
«Es un gran precedente, se les está diciendo que tienen que respetar la identidad, la cultura, la Constitución lo dice, pero acá los gobernantes miran para otro lado. Siempre intentan impunemente callar a las comunidades», dijo la abogada Silvana Llanés. “Hoy lo que vivimos en la Justicia Federal ha sido un gran avance en la reparación de los derechos conculcados, ha sido un esfuerzo enorme y la comunidad de Caspalá supo dar pelea y acá están los resultados”, destacó.
