La Legislatura de la provincia de Jujuy convirtió ayer en ley el seguro de salud obligatorio a quienes carecen de cobertura médica. El proyecto no fue socializado previamente y tampoco tuvo tratamiento en comisiones. Llamativamente, el proyecto tuvo la firma de solo 16 legisladores radicales de los 30 que integran el bloqueoficialista, y el presidente de la comisión de Salud, Omar Gutiérrez, no lo firmó.
La aprobación fue acompañada por algunos diputados del bloque Justicialista. En cambio, los legisladores del Frente de Izquierda alertaron previamente sobre este proyecto y en la sesión votaron en contra. También votaron en contra los diputados justicialistas Patricia Armella y Martín Fellner.
El miembro informante fue el legislador Iván Poncio, quien expuso que “el seguro permitirá encuadrar en un marco legal que viene en conjunto con el cobro de seguro a extranjeros, y es para reforzar el sistema de salud provincial”. En este sentido, advirtió que “el sistema está amenazado por los recortes presupuestarios que instituyó la Nación, programas recortados y la provincia puso plata de impuestos” .
Este aspecto es parte de los fundamentos del proyecto, entre los que se asegura que las provincias han dejado de recibir financiación para diferentes políticas, como el Programa Federal Incluir Salud que brinda cobertura médico asistencial a titulares de pensiones nacionales no contributivas, y representa un costo mensual para el Ministerio de Salud de la provincia de $516.140.000, de los cuales el Estado nacional solo aporta $19.813.132, según datos de noviembre de 2024.
El Seguro Provincial de Salud será para los habitantes de la provincia que no cuenten con cobertura de salud voluntaria u obligatoria, provincial o nacional. Los que se incorporen al sistema de seguro podrán acceder a prestaciones medicas en el servicio público o privado, y quienes no tengan recursos para pagar este seguro quedarán exceptuadas pero deberán tramitar un certificado de eximición.
El proyecto tiene 20 artículos, establece que la autoridad de aplicación será el Instituto de Seguros de Jujuy, obra social que cubre a trabajadores de la administración pública.
Se estima que la cuota sería de entre $40 o $50 mil, deberá ser equivalente al menor valor vigente de cinco consultas médicas con coseguro, según nomenclador del Instituto de Seguros de Jujuy. La reglamentación estará a cargo del Ministerio de Salud de la provincia.
Imagen: Mariana Mamani
«Es ilegal»
La diputada Natalia Morales (Frente de Izquierda) afirmó que el proyecto «es ilegal» porque en la Argentina el derecho a la salud es un derecho reconocido en la Constitución Nacional». Señaló que es importante que se sepa que este proyecto de ley «va a obligar a más de la mitad a pagar un seguro por mes». «Es un ataque a la población sin obra social y a los que sí la tienen, por el mal servicio. Los únicos eximidos serán las personas indigentes que burocráticamente deberán demostrar (esta situación)”, alertó la legisladora.
Asimismo, cuestionó que el proyecto de ley llegó a la sesión “sin tratamiento en la comisión, nada democrático a espaldas del pueblo trabajador, de sectores que ni siquiera saben del proyecto».
Ante abucheos del oficialismo mientras hablaba, la legisladora recordó que “el ministro de Salud, (Gustavo) Bohuid, y Gerardo Morales son los que diseñaron el Plan estratégico de salud que en el 2018 avanzaba en la privatización del servicio de salud público y abrían negocios de clínicas privadas” . En ese marco destacó “los negocios en la pandemia, junto al gobierno de Mauricio Macri”. Además, expresó la preocupación de sectores que recién se enteraban del proyecto: “quieren hacer un laboratorio como fue el pago del bono a extranjeros”, denunció.
Luego la justicialista Patricia Armella defendió el sistema sanitario peronista. En cuanto al tratamiento del proyecto, también recriminó que llegara directo al pleno: “debo llamar la atención al oficialismo por no trabajar en comisiones el proyecto. No coincido con el miembro informante que con el seguro se va a garantizar la salud pública, en Jujuy se va a garantizar mejorando los salarios y estabilidad laboral de profesionales, en la provincia hay un deficit en la salud privada y pública. Cómo vamos a obligar a tener un seguro de manera compulsiva”, reprochó.
También cuestionó que no se conozca el estino de la recaudación del Instituto de Seguros. Dijo que estos fondos van a «una cuenta única de la provincia» y «no hay rendición de cuentas. No hay números, con este proyecto claramente se deriva a los pacientes a la salud privada porque el ISJ tiene menos prestaciones”.
También el diputado Martín Fellner acentuó que el proyecto no fue tratado en comisiones, y señaló que tiene las firmas justas y muchas firmas ausentes. “Ameritaba que entre todos podamos sacar una buena ley, se habló de proteger a los más vulnerables y está ley ataca a esos sectores, aquellos que están en la economía informal», sostuvo. Recordó que la Constitución provincial garantiza la salud pública, lo que «amerita que el proyecto vuelva a comisión”. También recordó que el ministro de Hacienda, Eduardo Cardozo, dijo que con el cobro a extranjeros «la provincia tendría un ahorro de 10 mil millones de pesos, por qué no usar ese dinero para garantizar la salud pública”, señaló.
El que quiere salud, que pague
En cambio, el presidente del bloque del PJ, Rubén Rivarola, empresario de la salud, acompañó el proyecto, con argumentos de la moda libertaria.
“La mejor obra social de Jujuy es el ISJ, paga», aseguró al justificar su voto a favor. «El que quiere tener obra social, son 50 mil pesos», sostuvo antes de afirmr que una obra social se paga «400 mil pesos». Además, «ISJ es generoso, acepta al que está en negro, blanco, gris les da cobertura.
A los “hospitales les falta de todo, ¿a los pacientes los van a tener ahí? Estamos hablando de cinco gaseosas (en referencia a la cuota del seguro) para tener salud. Vayan a los hospitales y vean, y después hablen», siguió.
«Estoy de acuerdo con este proyecto y totalmente de acuerdo con los adherentes, tienen su obra social. Llegan a la clínica privada y no es por un arreglo, el que paga al que no tiene obra social es el Estado provincial. El Estado es el bolsillo de payaso. Me parece bien esta ley, calculo 200 mil personas que no tienen obra social», dijo antes de lanzarse con un lugar común cada vez que se quiere justificar regresiones en materia de derechos: «A veces son vivos, dicen que no tienen documento. Vienen camionetas de Bolivia a atenderse en los hospitales», aseguró.
Presupuesto jujeño
En la misma sesión de ayer se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos – Ejercicio 2025. Prevé que el año que viene la provincia contará con casi $2 billones.
El 90% de los recursos de coparticipación serán destinados al pago de salarios de la administración pública. Prevé un superávit de $7.700 millones, un aumento en los recursos para la obra pública y el pase a planta permanente de un grupo de trabajadores estatales.
Tras la aprobación del presupuesto, el presidente de bloque de la UCR, Santiago Jubert, dijo que “esto significa que la gestión provincial ya tiene para trabajar en el 2025. Después de escuchar distintas posiciones de las fuerzas políticas, hemos conseguido que se apruebe con la mayoría necesaria el presupuesto. Hemos remarcado el esfuerzo de la provincia de sostener muchos programas nacionales ante la falta de presupuesto 2024 y 2025, directamente Nación retiró responsabilidad en las provincias. No gira recursos para obras, salud, educación y el gobierno de la provincia sostiene cada uno de estos programas”.
Respecto al proyecto de coparticipación, Jubert recordó que el ministro de Hacienda dijo que el proyecto está para correcciones del gobernador Carlos Sadir y luego sería enviado a la Legislatura para su tratamiento.-P12-
