La Asociación Argentina de Fiscales (AAF), el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta y fiscales de la provincia repudiaron ayer las declaraciones del abogado Darío Palmier y advirtieron sobre prácticas reiterativas de campañas de desprestigio del los órganos del Estado cuando avanzan en investigaciones contra el crimen organizado, como ocurre ahora mismo en la provincia, con el Ministerio Público Fiscal a la cabeza.
«En los últimos tiempos se han producido distintos episodios que se dirigen directamente a desacreditar el desempeño de los fiscales y el Ministerio Público Fiscal como institución», alertó la Asociación Argentina de Fiscales.
«Cuando los fiscales avanzan con investigaciones y denuncias contra el crimen organizado, el narcotráfico y/o la corrupción estructural, lamentablemente se ha vuelto moneda corriente -y como respuesta a éstas- ejercer distintas formas de presión que van desde las amenazas hasta la desacreditación profesional y personal de los Fiscales», afirmó la organización.
Agregó que es «Tan frecuente y calcada» esta forma de reaccionar, que ya informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre «la existencia de una ‘planificación’ o modo de actuación contra fiscales y Ministerios Públicos Fiscales» llevados a cabo en otras provincias, como ocurre ahora en Salta. «La respuesta de estas organizaciones delictuales es siempre la misma. No se defiende el hecho imputado, sino que se ataca a los Fiscales», ratificó.
La Asociación destacó asimismo los «datos objetivos» que dan cuenta de la «intimidación que tiene como víctima al Jefe de los Fiscales de la Provincia de Salta, -como consecuencia de su desempeo funcional- y de las que no serían ajenas personas vinculadas al narcotráfico y a la corrupción».
Aseveró que en este contexto «deben ubicarse las interesadas críticas contra la labor de los fiscales y que pretenden mostrar un Ministerio Público Fiscal de bajo desempeño o dependiente del poder político». Como muestra de esas críticas interesadas señaló las declaraciones del abogado Darío Palmier en el canal Somos Salta – Jujuy en las que propuso la creación de una “comisión especial de investigación” «no integrada() por gente de Salta”. El abogado basó esta propuesta en la corrupción, dijo, y en la “crisis institucional, judicial y social”, y afirmó que la creación de esta comisión daría “más credibilidad a la investigación» y devolvería la confianza en el poder judicial.
La Asociación de Fiscales cuestionó también que Palmier, sostuvo, no solo pretende desacreditar las medidas de seguridad dispuestas para proteger a las y los fiscales y al procurador General de Salta, sino que «además sugiere y aporta vías delictuales alternativas propias de la mafia italiana de épocas pasadas».
Palmier fue defensor del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo «Conejo» Martinez, que está siendo investigado en una de las muchas causas abiertas comprendidas en el crimen organizado. Por eso la Asociación de Fiscales del país señaló su «evidente interés» antes de expresar su apoyo «a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal de Salta, instando a la población a cultivar la máxima confianza en el desempeño funcional de sus fiscales».
Mecanismos antidemocráticos
Por otro lado, en una reacción inédita en la provincia, las y los fiscales de suscribieron un pronunciamiento público de rechazo a las manifestaciones de Palmier, a las que calificó de «totalmente desacertadas y contrarias a la normativa constitucional que legisla el funcionamiento democrático de las instituciones que intervienen en la administración de justicia como mecanismo que garantiza la paz social».
Fiscales y fiscalas recordaron que el abogado litigante tiene una función esencial dentro de todos los procesos de justicia defendiendo garantías, pero también, «como auxiliar de justicia, tiene el deber legal de ser colaborador de los organismos públicos que ejercen el poder punitivo del Estado».
Le cuestionaron que haga un análisis liviano de la función de las y los fiscales penales provinciales, y señalaron que siempre han tenido una colaboración estrecha con el Ministerio Público Fiscal federal. «La labor que se nos ha encomendado en orden al ejercicio de la acción penal pública, orientada fundamentalmente a la persecución del delito, está dirigida a mantener como objetivo principal la paz social de los salteños», recordaron.
En esa misma línea afirmaron que las investigaciones penales en curso, tanto en la provincia como las que fueron derivadas a la justicia federal, «parten del esfuerzo institucional, personal e incólume de cada uno de los equipos que conforman las fiscalías penales». Y afirmaron que la expresión de Palmier sobre que un fiscal prefiere perder su vida a que le quiten la de un familiar es «totalmente repudiable e intenta normalizar el término ‘muerte’ en cualquier tipo de investigación penal en la que nos toca intervenir, y atenta directamente contra la tranquilidad y la paz social a la que tenemos derecho todos los habitantes de la provincia».
Tras recordar que es su obligación indelegable «llevar adelante la investigación penal» en el territorio de la provincia, rechazaron «categóricamente» la creación de comisiones especiales prohibidas por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de jerarquía constitucional.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta también repudió la declaraciones de Palmier. «De un modo generalizado, confuso e irresponsable vinculó al conjunto del servicio de Salta con el narcotráfico», le reprochó.
«Sostenemos que jueces, fiscales, defensores, asesores de incapaces y funcionarios judiciales y del Ministerio Público cumplen su rol de administradores de justicia con responsabilidad, eficiencia y profundo sentido ético, en contextos muchas veces desfavorables e inseguros, que ponen en riesgo su integridad física», aseveró el Colegio.
Afirmó que lo dicho por el abogado «además de ser profundamente prejuicioso, evidencia un gran desconocimiento de nuestro sistema de justicia, y es un acto de descalificación y oprobio sin sustento real».
La organización rechazó también la propuesta de Palmier de crear una comisión en el ámbito del Poder Ejecutivo. «Si, como afirma, el problema es la falta de independencia respecto del poder político, la solución no puede ser crear una comisión en el ambito del Poder Ejecutivo», señaló.
«El estado constitucional de derecho no debe ser reemplazado por la creación de ‘comisiones especiales’ que nos alejan de la democracia y nos acercan a etapas dolorosas de nuestra historia». «Los hombres y mujeres de derecho no debemos buscar remedios fuera del marco de la Constitución y las instituciones democráticas», reconvino.
También consideró «altamente irresponsable y peligroso que un abogado litigante deslice en medios de comunicación que la custodia policial a un funcionario de alto rango que recibió amenazas gravísimas podría provocar el asesinato de sus hijos o de algún otro miembro de su familia».-P12-