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imputan a un comisario y a un empleado municipal por cohecho y hurto de rieles en Rosario de la Frontera

Una serie de escuchas telefónicas, surgidas en el marco de una investigación que se llevaba adelante por un caso de narcotráfico, reveló conversaciones en las cuales el jefe de la comisaría presuntamente acordó en 2023 una “zona liberada” para el robo de 30 rieles de un ramal del Ferrocarril Belgrano Cargas. A cambio, el empleado municipal ofreció el pago de 50 mil pesos.

La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, dio por formalizada el jueves pasado la investigación penal requerida contra un comisario y un empleado municipal de la ciudad de Rosario de la Frontera, en la que el exjefe policial está acusado de haber “liberado la zona” en 2023 para que hurten 30 rieles del ferrocarril, a cambio de una coima ofrecida por el otro imputado.

La acusación fue instada por la fiscal subrogante de la Unidad Fiscal Salta Josefina Martínez Vázquez, y expuesta en la audiencia de formalización por la auxiliar fiscal Rocío Mariscal.

Comisario Manuel Subia

Los imputados son un comisario de la Policía de la Provincia de Salta identificado como Manuel Subia, y quien se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, Claudio Ramón Villalba. En el caso del exjefe de la comisaría de esa ciudad del sur provincial, la imputación fue por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con hurto, en calidad de partícipe necesario, mientras que a Villalba se le imputó el mismo delito, como agente activo de la dádiva y como autor del hurto de los rieles.

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La investigación

La imputación surgió de actuaciones iniciadas a partir de una resolución de incompetencia dictada el 10 de septiembre del año pasado por el Juzgado de Garantías N°1 de la ciudad de Metán, del fuero provincial.

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En la audiencia, la auxiliar fiscal Mariscal explicó que la derivación se dispuso en razón de haber surgidos elementos de sospechas respecto al robo de rieles del ramal de Rosario de la Frontera, de la empresa Belgrano Cargas. En vista de ello, y siendo las vías férreas patrimonio del Estado Nacional, es que la fiscalía federal asumió el caso.

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Mariscal indicó que las sospechas en torno a los dos imputados surgió de una investigación que llevaba adelante la Fiscalía Penal 4 de Rosario de la Frontera, en la cual Villalba era investigado por un presunto vínculo con actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico.

Por tal razón, se había dispuesto la intervención de su teléfono, circunstancias en las que los investigadores de la División de Drogas de la policía provincial advirtieron una serie de conversaciones entre Villalba y el comisario Subia.

Un “centrito”

Los diálogos -reproducidos por la fiscalía en la audiencia-, datan del 18 de diciembre del 2023 y hacían referencia a un acuerdo en el cual Villalba requería la colaboración de Subia en el robo de 30 rieles del ramal local, a cambio de lo cual le pagaría la suma de 50 mil pesos.

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El empleado municipal le comunica al comisario que estaba por cargar en el paso nivel un total de 30 rieles. “Me los voy a meter dentro del galpón, es por si pasa alguno de los amigos de la policía, voy en una hora y en un ratito los cargo”, le dijo Villalba al policía. También le aseguró que con los empleados del ferrocarril no surgirían inconvenientes porque son unos “vagos” y no iban a estar presentes en ese momento.

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En concreto, le pidió al comisario que le avise si el personal policial iba a patrullar por esa zona y que por ese “centrito” le iba a pagar 50 mil pesos.

“Vos avísame si pasa algo, en una hora ya los meto en el galpón”, le comentó Villalba, para luego decirle “ya te llevo la platita”, a lo que el comisario contestó: “Dale, meta”.

Descriptos los diálogos, la auxiliar fiscal sostuvo que, de la geolocalización de los teléfonos y el análisis de las comunicaciones, se confirmó la identidad de los interlocutores. Asimismo, refirió que se logró el secuestro de dos rieles de una propiedad mencionada por Villalba en uno de los diálogos interceptados, la que fue allanada.

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En base a estas pruebas, la fiscalía justificó las imputaciones contra ambos acusados, quienes se abstuvieron de prestar declaración.

En tanto, las defensas no presentaron objeciones a la imputación, como así tampoco a las medidas de coerción requeridas, establecidas en la promesa de someterse al proceso penal y la presentación, una vez al mes, en la dependencia policial más cercana a sus respectivas viviendas.

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