En concreto, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) denunció a Valdés; al senador correntino, Diego Pellegrini; al desplazado ministro de Seguridad de la provincia norteña, Buenaventura Duarte y a su sucesor, Alfredo Vallejos; y al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.
Los delitos por los que pide el fiscal que se los investigue es por encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por sorteo, quien deberá investigar la denuncia serpa el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello.
Valdés quedó en el centro de la polémica luego de que adelantara por redes sociales que Laudelina Peña había acusado ante la justicia correntina, cuando la causa ya estaba en el fuero federal, que había sido amenazada por María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes habían atropellado a Loan.
“Se ha dado un gran paso en la resolución del Caso Loan”, dijo el sábado 29 de junio el gobernador radical. “Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose ante la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho”, continuó el mandatario provincial, en el poder desde 2017.
Menos de una semana después, Laudelina sería detenida, acusada de haber participado de la sustracción de su sobrino y, ya como imputada, negó sus dichos y aseguró que fue sobornada y obligada por Fernández Codazzi a dar la versión del accidente.
La semana pasada, luego de remover a la cúpula de la policía provincial y ya con el nuevo ministro de Seguridad en funciones, Valdés denunció intentos de desestabilización en Corrientes.
El mandatario correntino fue directo al referirse el viernes al tema, en una conferencia de prensa: “Tratan de desestabilizar al gobierno”, dijo Gustavo Valdés, que un día antes había desplazado a la cúpula policial, a pocos días de aceptar la renuncia del ministro de Seguridad.
“No vamos a permitir que en la provincia de Corrientes desaparezca ni un solo niño, porque cuando desaparece un niño nosotros vamos a poner todo el empeño del Estado porque eso en la provincia es inadmisible. Tampoco es admisible que nosotros tengamos miserias políticas que hoy estamos escuchando y viendo azorados los correntinos tratando de desestabilizar al gobierno”, aseguró el gobernador.
Y agregó: “Sin dudas esto es un aprovechamiento político de los que pretenden lastimar al gobierno en vista de las próximas elecciones. Nosotros sabemos perfectamente quienes son los caranchos, en donde están, de dónde provienen los ataques y vamos a decirlo sin ninguna duda, quédense tranquilos porque pretenden adelantar las elecciones, tratando de mancillar al gobierno de Corrientes”.
Todo empezó con la desaparición de Loan. De inmediato se activó una búsqueda familiar, luego comunitaria, pero cuando apareció la policía surgieron dudas y denuncias que pusieron la lupa sobre el accionar de la fuerza y de la justicia provincial, encargada de la investigación. Allí reside el primer vínculo del caso con la política, por la propia acción de instituciones que dependen del andamiaje provincial. Pero no solo eso, porque a los pocos días cobró aliento una especie de señalamiento múltiple: primero contra el comisario Walter Maciel, luego detenido. Contra María Victoria Caillava, funcionaria municipal en Nueve de Julio, exonerada de ese cargo y más tarde detenida. Y contra el accionar del primer fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo.
Tal situación agregó dudas al tiempo que hizo crecer la desconfianza social, azuzada por declaraciones en vaivén de los implicados que, además de desviar la investigación -como dicen muchos de los vecinos e incluso los familiares de Loan-, generaron el descontento de la población que empezó a salir a las calles. Se multiplicaron las marchas pidiendo justicia y una reacción inmediata del gobierno.
El ministro del área durante los primeros doce días, cuando la investigación estuvo en el fuero provincial, Buenaventura Duarte, nunca supo cubrir las demandas sociales y terminó siendo un lastre político, lo cual, sumado a otras cuestiones de gestión interna, desembocaron en su salida.
A Duarte lo echaron del gobierno y el lunes de la semana pasado asumió en ese lugar Alfredo Vallejos, un abogado que venía desempeñándose como diputado nacional por el radicalismo. Al asumir dijo evaluar una batería de cambios en la cúpula policial, que se cumplieron en estos días con la designación del comisario general Miguel Ángel Leguizamón como nuevo jefe de la Policía de Corrientes, y del comisario general Walter Darío Aceval como nuevo subjefe de la fuerza provincial. -La Nacion-
