Dos instituciones de bien público recibieron más de 16 millones de pesos producto de un acuerdo de conciliación al que arribó el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta con la defensa de una mujer que había sido imputada del delito de lavado de activos, a cambio de la extinción de la acción penal en su contra.
El acuerdo fue expuesto en audiencia por el fiscal Ricardo Toranzos y la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y finalmente fue homologado por la jueza federal de garantías de Salta, Mariela Giménez, el 22 de mayo pasado.
Como consecuencia, el Centro Eclesial El Alfarcito, ubicado en Rosario de Lerma, y la ONG Fundación Cultura Nativa, del Chaco Salteño, recibieron los más de 16 millones de pesos, que tendrán como destino la asistencia a pobladores de esas regiones.
Toranzos y Aráoz Vallejo narraron los detalles del caso que condujo al acuerdo de conciliación, que fue adoptado como una salida alternativa al proceso penal. Explicaron en la audiencia que, en una primera etapa del proceso, el transportista Roberto Adrián Ibarra fue detenido con poco más de 6 kilos de cocaína durante un procedimiento de control realizado por personal de la Gendarmería Nacional el 27 de julio de 2023 en la ruta 34, a la altura del paraje Cabeza de Buey.
Recordaron, al respecto, que el 9 de noviembre de ese año Ibarra fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión en un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el juez federal de garantías Julio Bavio.
La investigación del caso tuvo secuelas. Según expuso la fiscalía, las tareas de campo e inteligencia criminal permitieron identificar a otro eslabón de la cadena de tráfico, Patricia Aparicio, a quien el transportista había contactado y visitado en Salta, previo hacerse de la droga.
En ese entonces, relataron los representantes del MPF, a los investigadores les llamaron la atención las alusiones a importantes sumas de dinero que ambos realizaban en sus conversaciones y a raíz de ello la fiscalía ordenó profundizar la pesquisa, pues aquellas evidencias colocaban a la mujer en un nivel superior al transportista en la organización.
La casa de Patricia Aparicio, ubicada en Villa Cristina, fue allanada y ella fue detenida. En el procedimiento se secuestraron 7.002.381 de pesos y 16.500 dólares, lo cual -según expusieron Toranzos y Aráoz Vallejo- constituyó una evidencia clara de su rol.
La mujer fue imputada por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 3° del Código Penal, que reprime con pena de prisión de seis meses a tres años “la receptación de bienes y activos provenientes de un ilícito penal con el fin de darles apariencia lícita”.
Salida alternativa
Posteriormente, prevalecieron sobre el trámite del caso las disposiciones promovidas por el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal, que insta a los jueces y a los fiscales a procurar “las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas [del conflicto] y a la paz social”.
La fiscalía puso de relieve que este paradigma “mejora las posibilidades de calidad en la respuesta estatal, pautando como idea rectora la solución de conflictos” y marcó que “ello se logra a través de la autorización de criterios para la disposición de la acción penal pública por parte del Ministerio Público Fiscal, tantas veces reclamados para brindar respuestas menos violentas y de mejor calidad”.
En función de ello, la fiscalía consideró aplicable una salida alternativa a través de una conciliación. Ese tipo de acuerdo está contemplado en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que establece que se “pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas”, entre otros supuestos. El MPF indicó que esa norma procesal se relaciona con lo dispuesto por el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que prevé como causa de extinción de la acción la “conciliación o reparación integral del perjuicio”.
La fiscalía promovió la solución propuesta por entender que “se condice con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, no resultando ilegítimo o ilegal”; el principio “pro homine” (es una regla de interpretación que establece que debe aplicarse la norma o interpretación más favorable entre las de posible aplicación); y la utilización del derecho penal como “ultima ratio”. Asimismo, dejó sentado que “todo lo actuado encuentra correlación con los lineamientos estipulados mediante las resoluciones PGN 97/2009 y 13/2019”.
Bajo esas premisas, la fiscalía acordó con la defensa el abandono por parte de Patricia Aparicio de la mitad de los valores secuestrados, suma que ascendió a $8.510.461, en el caso del dinero en pesos, con el rendimiento por su depósito en plazo fijo, más la mitad de los dólares, US$ 8.250, para destinarlos a fines sociales.
Los montos fueron destinados a dos entidades de bien común. El Centro Eclesial El Alfarcito, dependiente del Arzobispado de Salta, recibió la suma en pesos, que tendrá como fin afrontar las necesidades de los habitantes de la zona de la Quebrada del Toro y de cerros aledaños, en el departamento de Rosario de Lerma.
La otra institución beneficiada -que recibió el monto en dólares- fue la Fundación Cultura Nativa, una ONG local que, entre otros proyectos de bien común, tiene a su cargo la asistencia y contención de personas que sufrieron las últimas inundaciones por el desborde del río Pilcomayo en la región del Chaco Salteño.
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