El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó al contador público Héctor Luis Palópoli, el comerciante Arnaldo Nelson Roldán y el carpintero Christian Marcelo Jardín a la pena de 4 años y 6 meses de prisión como coautores del delito de asociación ilícita tributaria, al término de un juicio en el que se probó que estaban vinculados con “usinas” de facturación apócrifa que entre 2016 y 2018 permitió a diferentes empresas evadir el pago de sus obligaciones por los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias.
En presentación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, y la auxiliar fiscal Soledad Cabezas, mientras que, en calidad de querellante, lo hace la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), representada por el abogado Ignacio Segon.
En su alegato, la fiscalía mencionó que este es el primer caso en la jurisdicción que llegó a juicio oral por un delito de esta naturaleza tributaria.
El mismo tribunal -integrado de forma unipersonal por la jueza Gabriela Catalano-, ya había condenado en un proceso de juicio abreviado previo a este debate, a un cuarto imputado, Alfredo Eduardo Camacho, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión por la misma calificación penal.
Además, se dispuso la inhabilitación absoluta de todos los condenados para ejercer cargos públicos por el tiempo de la condena.
El juicio comenzó el 10 de marzo pasado, con audiencias semanales en las que declararon numerosos testigos, entre ellos peritos, empleador de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, en especial, contribuyentes, cuyas claves fiscales fueron utilizadas para la emisión de facturas truchas.
Posteriormente, el 24 de abril pasado, la fiscalía procedió a realizar su alegato en el que ratificó la acusación en contra de los tres imputados, destacó el peso de las pruebas recolectadas, entre ellas las intervenciones telefónicas, el grado de vinculación acreditado entre los acusados y solicitó para los tres una pena de 5 años y 6 meses de prisión.
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El comienzo de la investigación
La investigación del caso se inició en mayo de 2017, a partir de una denuncia realizada por la División Investigación de la Dirección Regional Salta de la exAFIP (actual ARCA), en la que expuso una serie de maniobras de evasión impositiva, de las que se valían varias empresas, tanto de Salta como de otras provincias, como Corrientes, Tucumán y Jujuy, entre otras.
Con la intervención inicial del fiscal federal Ricardo Toranzos, la investigación penal se inició y determinó, entre otros resultados, que nueve contribuyentes, entre los períodos 2016 y 2017, emitieron facturas electrónicas por un monto total de $143.701.499 y con un importe de IVA facturado de $24.772.903
«Entre otros datos destacables, los fiscales revelaron que 134 empresas de valieron de este circuito de evasión creado por los acusados».
Las pesquisas, que incluyeron tareas de campo e inteligencia, condujeron al procesamiento de los tres acusados por el Juzgado Federal N°2, el 21 de febrero de 2019, y el posterior requerimiento de elevación a juicio, dos años después, el 4 de marzo de 2021.
Perjuicio millonario
Los fiscales, en su alegato, demarcaron las acciones ilícitas entre enero de 2016 a junio de 2018, cuando, a raíz de la investigación abierta, se realizaron una serie de allanamientos en la casa de los tres imputados, desbaratándose así esta asociación ilícita.
Explicaron que los acusados captaban a contribuyentes vulnerables, empleados con bajo recursos, entre ellos un vendedor ambulante de café. En algunos casos le pagaban una mínima suma de dinero a cambio de generar una clave fiscal a su nombre, o bien, si ya la tenían hacían uso de ellas.
Así, cada contribuyente reclutado se convertía en una “usina”, de la que se valían para generar facturas apócrifas que, en una segunda etapa, vendían a otros usuarios más poderosos económicamente, como empresas, las que usaban estos documentos contables para evadir impuestos, como el IVA y Ganancias.
Para identificar a los imputados, desde ARCA investigaron a los contribuyentes que aparecían con facturas que, no solo llamaban la atención por los montos, sino que tampoco coincidían con su registro patrimonial, lo que terminaron de verificar al visitar la casa de cada uno de ellos, dándose cuenta de que eran empleados con escasas ganancias.
Estos contribuyentes, al declarar en el juicio, confirmaron que desconocían de la emisión de facturas. Uno de ellos -un cafetero- dijo que jamás le vendió caños a una empresa de servicio de internet y mucho menos, cartería publicitaria.
Los testigos también confirmaron vínculos con los acusados, en especial con Jardín, Camacho y Roldán, a quienes conocieron, ya sea por vía directa, o por conocidos en común, pero con un mismo interés: su clave fiscal.
Allanan estudios contables
Siempre según la investigación, Palopoli también aportaba usinas al grupo, el que solía reunirse en cafetines de la zona centro, donde planificaban las maniobras y acordaban los porcentajes de ganancias, los que, obviamente, les era requerido a las firmas que se prestaban a estas operaciones ilegales.
Identificadas las facturas, los investigadores dieron con la dirección electrónica de donde se emitían, siendo Palopoli uno de los acusados que tuvo un rol clave, ya que era quien coordinaba la emisión de las facturas, las que no solo eran para cubrir gastos falsos, tanto de 2016 o de años previos.
«Los acusados captaban a contribuyentes vulnerables, empleados con bajo recursos, entre ellos un vendedor ambulante de café. En algunos casos le pagaban una mínima suma de dinero a cambio de generar una clave fiscal a su nombre».
Entre otros datos destacables, los fiscales revelaron que 134 empresas de valieron de este circuito de evasión creado por los acusados, 86 de esas firmas están inscriptas en la exAFIP, lo que representaba al 47% del volumen facturado. En resumen, afirmaron que el perjuicio al fisco fue por una suma de poco más de 180 millones de pesos.
Para la fiscalía, la responsabilidad de los tres acusados, como así también de Camacho, quedó acreditada de manera contundente, tanto por el testimonio de los contribuyentes y los peritos de ARCA, como por las intervenciones telefónicas de donde el MPF obtuvo numerosos diálogos en los que los ahora condenados se incriminaban.
Por último, también destacaron como prueba contundente la numerosa documentación contable secuestradas de las casas de cada uno de los acusados, quienes llevaban un estilo de vida de lujo, pues no tenían necesidades económicas, no se privaban de nada y ninguno de ellos tenía un trabajo fijo.
Entre otros aspectos, detallaron que, en casa de Roldán, se encontró un resumen de cuentas todas las facturas vendidas a cada empresa, además del porcentaje que le cobraban a cada una, el que iba de un 15 a un 20 por ciento, promedio del que también se referían en las conversaciones telefónicas interceptadas.
Sentencia
Al momento de la sentencia, la jueza Catalano compartió en pleno la hipótesis del MPF, destacó la contundencia de la prueba, tanto la que fue desarrollada en el debate como la producida en la investigación.
“Ha quedado acreditado que Palopoli, Roldán, Jardín y Camacho conformaron una asociación ilícita fiscal”, dijo la presidenta del tribunal, al momento de dar un adelanto de los fundamentos.
Al igual que la fiscalía, la magistrada reconoció que todos los acusados tenían polifunciones, pues captaban contribuyentes y las empresas a las que venderles las facturas falsas. “Por todos lados surgen las evidencias contra los acusados. Esta totalmente acreditada la vinculación de los cuatro y sus roles en la asociación ilícita”, afirmó.
Por último, resaltó el delito tributario imputado. “Son hechos graves, con enormes perjuicios para la ciudadanía, en especial a los que menos tienen”.
“Los acusados no son personas que estaban muriéndose de hambre, sino gente preparada que, si usaran eso para el bien, estaríamos mejor como sociedad, pero lo hacían todo para delinquir, para que otras empresas evadan el IVA y Ganancias”, concluyó.
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