Será desde el próximo jueves a las 9.30 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. La exmandataria está imputada como jefa de una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintos empresarios de la construcción, energía y transporte, quienes habrían sido beneficiados con la adjudicación de contratos estatales. También serán juzgados otros 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 de la Capital Federal juzgará desde el próximo jueves a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, por liderar, organizar o conformar -de acuerdo a cada caso- una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. El Ministerio Público Fiscal estará representado por la titular de la Fiscalía General N°5 ante los TOF, Fabiana León, junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis.
De acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30 mientras que, desde marzo de 2026, se añadirá una segunda jornada. Las audiencias se harán -salvo excepciones- de forma virtual a través de la plataforma Zoom -con acreditación previa para el público- y, algunas de ellas, se transmitirán por el canal de You Tube del Poder Judicial de la Nacion.
Las imputaciones
Oportunamente, tras la etapa de instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación que se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.
Así, solicitó que la expresidenta Cristina Fernández (72) fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.
Como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta (52); al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens (74); y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner (82). Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime (70).
El fiscal imputó, como miembros de la organización, a los exsecretarios de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65) y Juan Pablo Schiavi (68) -este último en el tramo de los contratos ferroviarios-; el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti (67); los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti (50) y Nelson Lazarte (47); el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello (57); y al chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70). Además, por la concesión irregular de contratos ferroviarios imputó como miembro al exsecretario de Transporte, entre el 1° julio 2009 y el 7 de marzo de 2012, Juan Pablo Schiavi (68).
También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (80); al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola (60); y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando (50).
Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70); el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra (75); y el presidente de Vialco S.A., Miguel Marcelino Aznar (75).
En el debate también se abordará la responsabilidad de algunos de esos funcionarios en diversos hechos de cohecho pasivo y admisión de dádivas -de acuerdo a cada caso- junto a la del exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); el excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48); el exfuncionario y el exasesor -respectivamente- de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Hernán Gómez (48) y Walter Fagyas (54); y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río (48). Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez (53), por encubrimiento agravado.
Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-, Enrique Menotti Pescarmona (83) -presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-; Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-; Benjamín Gabriel Romero (73) -titular de Hidrovía S.A.-; Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue S.A.-; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi S.A.-; Alberto Ángel Padoan (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-; los hermanos Carlos Fabián (57) y Osvaldo Manuel (56) De Sousa -presidentes de CPC S.A. y el Grupo Indalo- y Cristóbal Manuel López (69) -accionista y socio mayoritario de CPC S.A. y el Grupo Indalo-
