La AFIP acusó a varias empresas por evadir pagos millonarios de aportes de sus empleados y las contribuciones sociales correspondientes. El organismo recaudador , que conduce Carlos Castagneto, denunció «a 50 grandes contribuyentes» sin precisar sus nombres, entre las que sobresalen las dos apps de delivery: PedidosYa y Rappi.
Son casos «en los que se pudo comprobar que la evasión se presentaba en la falta registración de empleados, relaciones laborales encubiertas bajo el régimen de monotributo y subregistración de jornada o salario», remarca el comunicado oficial difundido el lunes.
La AFIP apuntó especialmente contra «las plataformas digitales», sobre las que «pudieron determinarse deudas por $ 7.500 millones», y aclararon que una de las dos compañías que dominan ese mercado, sin decir cuál, fue intimada a ponerse al día. Aludieron así al controversial formato de negocios que utilizan las compañías que ofrecen el servicio de reparto a domicilio.
Alrededor de 20 de las empresas que están en la mira fueron denunciadas penalmente en la Justicia. «Al resto, entre las que están las app de delivery, están en proceso de fiscalización, que podría derivar en última instancia en una denuncia», señaló una fuente de la AFIP. Desde las compañías aseguran que hasta el momento no recibieron ninguna denuncia ni intimación. «Estamos tranquilos ya que cumplimos con absolutamente todas nuestras obligaciones legales», dicen.
🇦🇷🚨 | Rappi y Pedidos Ya analizan irse de Argentina tras las nuevas presiones del gobierno. Ahora le piden registrar nuevas cargas sociales por un valor de $7500 millones. Más de 300 mil personas se quedarían sin trabajo. Ah pero Milei viene por nuestros derechos, gracias Massa. pic.twitter.com/DMWZCUnmdJ
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) November 3, 2023
«Las formas de trabajo han cambiado en la Argentina y en el mundo. Las plataformas nos muestran otro panorama y por eso modificamos la metodología de verificación para poder detectar la evasión en esos sectores«, dijo Castagneto. El funcionario también se refirió al resto de los procesos, que involucran reclamos impagos por «$ 80 millones a una gran cadena de gimnasios; más de $ 40 millones correspondientes a una cadena de zapaterías, y $ 30 millones de pesos a una aerolínea low cost».
En paralelo con la ofensiva de la AFIP, Sergio Massa se reunió con repartidores y se comprometió a tomar medidas para mejorar las condiciones de la actividad. “Estamos poniendo en marcha una protección que garantiza el acceso a la ART, cobertura de obra social y derecho a la jubilación”, dijo. Massa explicó que se trata de una prueba piloto, cuyos resultados permitirán «trabajar en un proyecto de ley de regulación de la actividad».
Lo cierto es que la AFIP retoma la discusión abierta en torno a la naturaleza de la relación de los repartidores con las plataformas. En 2018, durante el macrismo, el mismo organismo le reclamó a Uber una cifra millonaria por impuestos y cargas sociales impagas. Uber, justamente, es el emblema de la camada tecnológica que se autocalifican como intermediarias de servicios, que presta un ejército de cuentapropistas. De allí el nombre de «uberización».
Nacida en Uruguay en 2009, PedidosYa (que hoy pertenece al grupo alemán Delivery Hero), fue la pionera de la modalidad. Actualmente, tienen más de 40.000 repartidores (Rappi, unos 35.000), a los que consideran personal autónomo porque facturan por medio sus aplicaciones. Esas compañías argumentan que ellos crean «empleo formal» ya que todos son monotributistas. Otros sostienen que son trabajadores precarizados y que no gozan de los beneficios de un empleo formal: vacaciones, aguinaldo, cobertura social, ART y futura jubilación.
Para la AFIP, antes y ahora, es trabajo en negro, y por eso el reclamo multimillonario a los dos gigantes del delivery que operan en la Argentina. Desde el organismo explican que la investigación sobre las dos app lleva al menos dos años, y que el objetivo es que regularicen su situación.
De todos modos, reconocen que el proceso (entre citaciones, impugnaciones y descargos) es largo. Los especialistas, por su parte, sostiene que la solución de fondo es regular la actividad para resolver la disputa.
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