La propuesta del candidato anarco-capitalista consiste en otorgar financiamiento a cada alumno a través de un vale o cupón que acredita el pago de un monto determinado previamente, con el cual cada familia podrá ejercer su «libertad educativa».
Este concepto refiere a la posibilidad de que los padres puedan elegir la escuela a la que quieren enviar a sus hijos, sea pública o privada, a la que podrían acceder con un bono o voucher que el Estado les proporcionaría para cubrir los gastos educativos. Esto abriría una competencia entre las escuelas para captar a los alumnos -y a sus vouchers– lo que supuestamente haría mejorar la calidad de la educación.
Uno de los ejemplos de este sistema que citan los «libertarios» es la ley de Education Empowerment Accounts (ESA) en Arizona, EEUU. Esta norma permite que el Estado entregue a las familias el 90% del dinero que hubiera gastado en educar a sus hijos.
Ese dinero se deposita en una cuenta bancaria especial llamada ESA, que solo puede ser utilizada para fines educativos, como pagar colegios privados, cursos online, materiales didácticos, tutores y viajes educativos. Si quedaran fondos no utilizados, se acumularían para el año siguiente. El programa de Arizona alcanza a un millón de estudiantes de entre 5 y 18 años.
Los promotores de este sistema consideran que se mejorará el sistema educativo entregando el dinero que el Estado gasta en educación a las familias y desregulando el sistema educativo para permitir la elección de diversas formas de educación por parte de las familias. Esas diversas formas son en su mayoría provistas por empresas privadas, que buscan ganancias mediante la captación de fondos educativos (los alumnos) que ahora las familias manejan individualmente.
Este modelo de financiamiento tiende a aumentar la desigualdad, ya que las escuelas menos rentables, por estar ubicadas en lugares remotos o contar con poca matrícula, corren el riesgo de desaparecer, como sucede en el caso de las escuelas rurales.
La propuesta también cuestiona la obligatoriedad de la educación. Esto, a pesar de que la masividad de los sistemas educativos obligatorios en todo el mundo ha comprobado su eficacia para contribuir a la protección de los derechos de la infancia, favorecer su desarrollo, promover la igualdad de oportunidades y aportar a la mejora general en la calidad de vida de la población.
Los sistemas de vouchers fueron ampliamente impulsados en los ´80 y principios de los ´90. Luego, hasta el Banco Mundial y la OCDE, basados en los datos de las pruebas PISA, desaconsejaron su uso. Uno de los pocos países que mantienen parcialmente el sistema en algunos Estados es EEUU.
El sistema de vouchers educativos descarta la educación como derecho universal, para tratarla como derecho individual, por definición, para pocos. Las escuelas tienden a convertirse en guetos, apartando a los chicos ricos de los pobres.
Nicaragua
El economista especializado en sistemas educativos Alejandro Morduchowicz cuenta que «La primera experiencia regional de vouchers educativos fue implementada en Chile, y la más reciente en Nicaragua: el programa de escuelas autónomas comenzó a regir como experiencia piloto en 1993 y luego se fue ampliando».
Morduchowicz explica que «Se basaba en tres ejes: a) la autonomía de la administración escolar, b) la participación de los padres en la elección de directores y, c) el financiero, con un sistema de capitación. La mayor parte de las escuelas recibiría financiamiento del Estado, y los ingresos se calcularían según la cantidad de alumnos, el nivel educativo y la localización geográfica. Luego se determinaría un costo por alumno, al que se le sumaría un monto para cubrir gastos de funcionamiento, multiplicando los alumnos por ese costo».
«Si una escuela tenía superávit, su autonomía le permitía gastar en otras acciones para ampliar su oferta –recuerda Morduchowicz-. Pero eso rara vez sucedió, porque el mínimo para sostener una escuela fue muy alto: en las primarias era de 36 alumnos por curso, y en las secundarias, de 45. Para que quedara dinero excedente, los cursos debían ser más grandes aún. Estaba previsto que si la cantidad de alumnos se encontrara por debajo de esos límites, la administración central cubriría el déficit. Pero el aporte estatal era muy bajo y alcanzaba para muy poco».
«Además, como faltaban escuelas, la matrícula se saturaba enseguida. Lo más frecuente fue el incumplimiento por parte de la administración central que, debido a la escasez de recursos, demoraba las remesas de dinero para el funcionamiento básico. Como lo que operaba era un financiamiento a la demanda, en esos casos dejaban de operar los incentivos para atraer alumnos«.
«En la práctica –continúa Morduchowicz- la dirección de la escuela terminaba restringiendo la inscripción de nuevos alumnos. Caso contrario, debería contratar nuevos docentes, para lo que no tenía recursos. También trataban de atraer alumnos más acomodados que pudiesen aportar dinero extra para contar con financiamiento adicional».
Y aquí aparece uno de los efectos característicos del sistema: «Proliferaban los aportes «voluntarios» (permitidos por el sistema), que también pasaban a operar como restricción al acceso. Las familias debían proveer recursos a las escuelas: así cayó la tasa de escolarización, porque las familias más pobres no podían afrontar los pagos adicionales».
«En 2007, ante la creciente caída de la tasa de escolarización, el gobierno restableció la gratuidad, volvió a centralizar la educación y proveerla según el esquema de oferta (el tradicional). La medida permitió eliminar los numerosos factores que obstaculizaban la escolarización de los niños y comenzó a mejorar la cobertura».
Y concluye Morduchowicz: «La gran lección aprendida es que resulta incompatible un mecanismo sin recursos basado en la demanda que, con posterioridad, es limitado por el lado de la oferta; es decir, por el propio gobierno».
En Chile
En el país trasandino, donde un sistema similar se ha implementado hace décadas, aparecen otros problemas de la mercantilización educativa. «Algunos sostenedores de colegios subvencionados en Chile están recibiendo sueldos multimillonarios, que en algunos casos superan los 300 millones de pesos anuales (unos u$s 350.000), a pesar de la ley que prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado», cuenta la periodista Francisca Valencia, quien realizó una exhaustiva investigación sobre el lucro en las entidades privadas que hacen negocios en el campo educativo.
En el sistema de colegios subvencionados de Chile, a los dueños o administradores de los establecimientos educacionales se les llama «sostenedores», y administran el colegio recibiendo una subvención del Estado para cubrir parte de los costos.
Basada en la Ley de Transparencia, la periodista Valencia solicitó a la Superintendencia de Educación que le diera acceso a las rendiciones de cuentas de las entidades sostenedoras en 2020 y 2021, detallando los sostenedores y miembros de su administración que declararon las 20 remuneraciones más altas, así como la entidad a la que pertenecían, el establecimiento y los ingresos que percibía cada establecimiento.
Los resultados mostraban que «20 sostenedores particulares subvencionados se autoasignaron sueldos por encima de los 132 millones de pesos al año (u$s 150.000), llegando en un caso a los 295 millones (u$s 340.000). (…) En la cima está la Corporación Educacional El Bosque, con $ 270.460.536 al año. También se destaca la Fundación Educacional Boston Educa, con un sueldo anual declarado para uno de sus administradores por $ 171.261.610. Cabe señalar que la Corporación Educacional El Bosque fue sancionada por la Dirección del Trabajo por prácticas antisindicales y sus trabajadores protagonizaron una larga huelga en el colegio Camilo Henríquez de Temuco. El sindicato de trabajadores del colegio Boston College Maipu realizó una huelga exigiendo un bono anual de 80 mil pesos (u$s 90) para los asistentes de la educación, el cual el sostenedor se negó a entregar».
Valencia agrega que «hay personas que se desempeñan en más de una entidad y reciben sueldos por ambas. Esto ocurrió con 18 sostenedores en los años 2020 y 2021, y 9 personas recibieron sueldos de dos fundaciones o corporaciones educacionales. El 67% de estas personas recibió sueldos superiores a los 200 millones de pesos anuales (u$s 230.000)».
Esto ocurre porque «El sistema educativo actual en Chile ha convertido la educación en un negocio, especialmente en el sector particular subvencionado, lo cual ha sido una práctica constante desde la Constitución del ´80 –explica Valencia-. Las movilizaciones que denuncian el lucro en la educación comenzaron en 2001 con el Mochilazo y han continuado con masivas movilizaciones estudiantiles en todo el país».
Valencia recuerda que durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se sancionó la Ley 20.845 (2015), que «tenía como objetivo poner fin al lucro en la educación y garantizar que los recursos estatales se destinaran exclusivamente a fines educativos: los sostenedores debían constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, esto no se cumplió».
Cita al vicepresidente del Colegio de Profesores, Eduardo González, quien explica que «A pesar de la ley que prohíbe el lucro en la educación particular subvencionada, los dueños de colegios siguen enriqueciéndose con fondos públicos entregados por el Estado. A pesar de que se estableció la regulación de los sueldos por medio de una Circular, la Superintendencia no ha hecho nada al respecto. Además, la ley permitió a los sostenedores regularse estipendios sin límite y, si se regula un límite, podrán pagarse indemnizaciones de acuerdo con lo que ellos mismos se fijaron en sus contratos de trabajo, dado que se trata de empresas privadas. También pueden contratarse como docentes o asistentes de la educación y recibir beneficios extra».
Valencia agrega que «así como en su momento se instaló el mito de que la mercantilización iba a mejorar el sistema educativo, luego se instaló el mito de que la ley acabaría con el lucro en el sector».
El dirigente del profesorado González, quien trabajó en el capítulo de educación del fallido proyecto de Constitución, afirma que «Incluso figuras progresistas han difundido este mito. Las Federaciones Sindicales habían logrado incluir la prohibición de «toda forma de lucro» en el borrador de la nueva Constitución, lo que habría obligado a poner fin a estas prácticas. Pero las grandes asociaciones que representan a los dueños de colegios desataron una estrategia agresiva a favor del «Rechazo» al nuevo texto constitucional, incluso realizando proselitismo político. Se escudan en la idea de que «las familias deben elegir el tipo de educación», pero en realidad lo que les interesa es seguir enriqueciéndose a costa de ellas».-Norte-
Comments
0 comments