En una nueva jornada de la audiencia de debate seguida contra funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos y familiares, declararon cuatro funcionarios de la Unidad Carcelaria 1, un interno y un exinterno.
En primer término, declaró una funcionaria penitenciaria que en 2022 y 2023 se desempeñaba como jefa del sector de requisas. Explicó que al ingresar al penal el personal era requisado mediante palpación y que sus pertenencias pasaban por un scanner. Consultada sobre requisas sorpresivas al personal, señaló que estaban previstas, aunque aclaró que durante su gestión no se llevaron a cabo.
También compareció un encargado de pabellón que cumplió funciones entre 2022 y 2024. Describió el procedimiento interno ante faltas disciplinarias y los pedidos de beneficios de los internos, explicando que son los jefes de pabellón quienes los presentan ante el Consejo Correccional. Precisó que dichos jefes poseen el registro de la conducta y concepto de cada detenido, mientras que los encargados de sector no acceden a documentación personal.
Posteriormente, declaró un exinterno del penal, cuya madre y hermanas ya habían brindado testimonio en relación a transferencias de dinero a uno de los acusados. La sala fue desalojada a su pedido. El testigo manifestó que él había solicitado a sus familiares las transferencias, explicando que dentro del penal debía pagar por el alquiler de un teléfono y conectividad. Señaló que otro interno le entregaba un papel con la CBU y nombre del titular de la cuenta, y que el monto variaba según el tiempo de uso.
Durante su exposición, la Unidad Fiscal —integrada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto— le formuló preguntas en base a su declaración previa. Sin embargo, el testigo se mostró reticente y cayó en contradicciones respecto de lo que había manifestado con anterioridad.
En dos oportunidades, el Tribunal le recordó que se encontraba bajo juramento y debía responder. A pedido de la Fiscalía, se le dio lectura a pasajes de su declaración anterior para que los ratifique o rectifique. Se le solicitó, por ejemplo, que explicara por qué había calificado al Servicio Penitenciario de “feroz, corrupto y perverso”, y que precisara su afirmación de que uno de los acusados era el cabecilla, encargado de ingresar teléfonos y drogas durante la ventana de tiempo que se produce con el cambio de guardia.
El testigo continuó mostrándose reticente a responder por lo que el Tribunal le señaló que era evidente su miedo a declarar y le volvió a recordar su juramento, pero al mantener la misma postura, decidió que permanezca demorado -con consigna para su seguridad, hasta la audiencia de mañana, en que volverá a ser convocado.
Luego prestó testimonio un interno de la Unidad Carcelaria 1, convocado por una de las defensas. Este último manifestó no recordar ni poseer conocimiento alguno sobre los hechos investigados.
