Desde este 4 de mayo de 2026 rige en la provincia el nuevo marco normativo que moderniza el funcionamiento de la justicia penal.
Hoy entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Salta, aprobado mediante la Ley N° 8.520. La reforma, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, completa la transición hacia un sistema penal acusatorio y adversarial iniciado en 2011. Su implementación será progresiva, comenzando en el Distrito Judicial del Centro y extendiéndose luego a los distritos del interior.
El nuevo código redefine los roles dentro del proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal asume la investigación y la acusación, mientras que el juez se limita al juzgamiento, garantizando mayor imparcialidad y celeridad. El proceso se regirá por los principios de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización.
Entre sus principales innovaciones se destacan la oralidad plena y la transparencia de los procesos, con audiencias grabadas, la fijación de plazos máximos según la complejidad de los casos, herramientas modernas de investigación como agentes encubiertos y acuerdos de colaboración, la creación de la Oficina Judicial para optimizar la gestión, y un sistema de apelaciones horizontales que agiliza la revisión de decisiones.
En paralelo, se avanza en la implementación de una plataforma tecnológica unificada que permitirá la interoperabilidad entre jueces, fiscales y defensores. La Carpeta Judicial Digital y el registro audiovisual de audiencias reemplazan al expediente en papel, consolidando un sistema despapelizado, ágil y accesible.
La entrada en vigencia de la Ley N° 8.520 representa un avance estructural en la modernización del sistema judicial salteño, fortaleciendo el compromiso con una justicia más eficiente, transparente y cercana a la comunidad.
