Abogado Ricardo Belbruno representante legal de Juan Carlos Subirada en la causa penal
La Justicia de Salta fijó una audiencia clave para definir si el exfuncionario acusado por grooming y corrupcion de menores seguirá preso o pasará a arresto domiciliario.
Un exfuncionario de la gestión de Juan Manuel Urtubey permanece con prisión preventiva en Salta, acusado por presuntos delitos sexuales contra menores, en una causa donde se investigan grooming y corrupción de menores. Se trata del abogado Juan Carlos Subirada, detenido desde mediados de enero, cuyo encierro será analizado en una audiencia fijada para el 20 de marzo, en la que se discutirá si sigue preso en la cárcel o accede a un arresto domiciliario. La Fiscalía de Ciberdelincuencia y la defensa ya anticiparon que mantendrán posiciones opuestas sobre la continuidad de la medida.
La causa y la prisión preventiva del exfuncionario en Salta
Según informó la Fiscalía de Ciberdelincuencia, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo, el expediente se abrió a partir de una denuncia radicada en la comisaría de Vaqueros el 31 de diciembre del año pasado. Una mujer se presentó desesperada y relató que había encontrado en el celular de su hijo de 13 años audios y mensajes de contenido sexual, que habrían sido enviados por un abogado identificado después como Juan Carlos Subirada.
La denunciante entregó el teléfono del menor a la Policía para que se pudieran iniciar de inmediato las primeras medidas. Con ese aparato, los investigadores de la fiscalía comenzaron las tareas técnicas iniciales y, de acuerdo con las fuentes del caso, verificaron que el profesional había mantenido comunicaciones con el adolescente y que los chats tenían un tenor sexual. En el transcurso de esas verificaciones, también surgieron indicios de un posible intento de contacto del sospechoso con otro hermano menor del mismo núcleo familiar.
Con esos elementos preliminares, la unidad especializada en ciberdelitos solicitó actuaciones complementarias y avanzó con el pedido de allanamiento. La fiscalía planteó que, de manera provisoria, la conducta atribuida se encuadra en grooming y corrupción de menores, delitos que en el Código Penal contemplan penas que van desde 3 hasta 10 años de prisión.
Al día siguiente de la detención, Subirada fue trasladado a la audiencia de imputación ante la Justicia de Garantías. En esa instancia se le hizo conocer formalmente la acusación como presunto autor de grooming y corrupción de menores. La fiscal Cornejo explicó luego que el imputado estuvo asistido por defensa particular y que optó por no declarar. Tras esa decisión, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, que el juez hizo lugar y mantiene vigente hasta hoy.
Allanamientos, evidencia digital y antecedentes
Cornejo detalló que la detención de Subirada se concretó en un operativo con secuestro de evidencia digital en zona macrocentro de Salta. El arresto se llevó a cabo el 15 de enero, en cumplimiento de una orden de allanamiento pedida por la Fiscalía de Ciberdelincuencia, en un domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad de Salta. En el procedimiento se incautaron su teléfono celular, computadoras y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la investigación.
Previamente, los investigadores habían montado vigilancia en un barrio privado de la villa veraniega de San Lorenzo, donde se presumía que residía el imputado. Sin embargo, el seguimiento realizado por personal policial permitió establecer que ya no utilizaba esa vivienda ni concurría al lugar, por lo que se amplió el radio de búsqueda hasta ubicarlo finalmente en la vivienda de la zona oeste capitalina allanada el 15 de enero.
Desde el 16 de enero, una vez formalizada la imputación en sede judicial, el abogado permanece privado de la libertad en un establecimiento penitenciario. En paralelo, continúan pericias informáticas sobre el material secuestrado, así como la toma de declaraciones vinculadas a la denuncia inicial de Vaqueros. La fiscalía remarcó que ese análisis es clave para robustecer o descartar las hipótesis sobre los presuntos delitos sexuales, y que el resultado de esos estudios será incorporado a la causa a medida que estén listos.
Además de la evidencia digital, al legajo se incorporó información sobre la trayectoria laboral y los antecedentes penales del imputado. Desde la Fiscalía de Ciberdelincuencia se indicó que en los registros judiciales figuran causas previas en su contra por amenazas, violencia de género y otros hechos, lo que fue tenido en cuenta por el Ministerio Público al solicitar que se mantenga la prisión preventiva. La existencia de esas causas anteriores forma parte de los elementos considerados para valorar riesgos procesales, como la posible obstrucción de la investigación o la reincidencia.
Perfil del exfuncionario y tareas actuales en el Poder Judicial de Salta
De la reconstrucción realizada por los investigadores surge que Juan Carlos Subirada nació en Córdoba y se radicó hace años en la ciudad de Salta, donde logró insertarse en distintos espacios de la administración pública provincial. En primera instancia, durante la gestión del exgobernador Juan Carlos Romero, tuvo diversos cargos. Documentación del Boletín Oficial consultada por los investigadores indica que se desempeñó hasta el 24 de noviembre de 2006 como Jefe de Programa Asistencia Jurídica del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas.
Posteriormente, pasó a ocupar la dirección de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, cargo que ejerció durante cinco años, lo que lo convirtió en un referente conocido dentro de esa área. Más adelante, ya bajo la gestión del entonces gobernador Juan Manuel Urtubey, el 23 de diciembre de 2011 fue designado como Liquidador del Ente Residual Instituto Provincial de Seguros de Salta, organismo dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos. Según consta en ese acto administrativo, la remuneración acordada era equivalente a la de un director y la designación tenía vigencia al 10 de diciembre de 2011.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Fiscalía de Ciberdelincuencia, en la actualidad Subirada también cumple funciones en el Poder Judicial provincial. Se desempeña como abogado auxiliar en tareas relacionadas con un juzgado laboral, dato que fue incorporado al expediente para tener un panorama completo del contexto personal y profesional del imputado.
La condición de exfuncionario de Urtubey y su rol actual en el Poder Judicial de Salta aparecen señalados en el expediente, junto con los antecedentes penales y la evidencia electrónica recolectada, como piezas de información relevantes para el análisis integral de la causa.
Audiencia clave: se definirá si sigue en prisión o accede a domicilio
El abogado Ricardo Belbruno, representante legal de Subirada, confirmó que para el 20 de marzo fue programada una audiencia de revisión de la medida de coerción. En esa instancia se debatirá puntualmente la continuidad de la prisión preventiva. Por un lado, la fiscalía anticipó que insistirá con el mantenimiento del encierro en el establecimiento penitenciario, sosteniendo que persisten los riesgos procesales. Por el otro, la defensa adelantó que pedirá que se revoque la prisión o, en su defecto, que sea reemplazada por un arresto domiciliario.
Belbruno señaló que la discusión se dará mientras aún están en marcha pericias técnicas sobre la evidencia digital secuestrada y otras diligencias impulsadas por el Ministerio Público Fiscal. La postura de la defensa se centrará en cuestionar que esos elementos, en el estado actual de la investigación, alcancen para justificar que Subirada continúe detenido en una cárcel común y no transite el proceso bajo una medida menos gravosa.
En este marco, la unidad especializada en ciberdelitos sigue concentrada en el análisis de los audios, mensajes y demás archivos incautados, así como en la evaluación de las comunicaciones atribuidas al imputado con el menor denunciante y con su familia. El trámite penal avanza hacia esa audiencia del 20 de marzo, donde un juez de garantías deberá resolver si el exfuncionario de Urtubey continúa en prisión preventiva en Salta o si se modifica la medida que lo mantiene privado de la libertad desde el 16 de enero.
