El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Yacuiba, Cnel. Jesús Machicado, desmintió las acusaciones de tortura hacia un ciudadano argentino por parte de uniformados bolivianos. Sin embargo, confirmó que se inició una investigación interna para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 13 de septiembre, luego de que Yamil Espíndola, el denunciante, afirmara haber sido agredido junto a su esposa, quien está embarazada.
El incidente comenzó cuando Espíndola denunció que había sido víctima de un robo, señalando que dos hombres le sustrajeron una suma importante de dinero en pesos bolivianos y un teléfono celular. Según Machicado, los policías que intervinieron en el caso notaron nerviosismo en el argentino, quien, tras varias contradicciones en su declaración, fue trasladado a la sede de la FELCC. Allí, la información proporcionada por Espíndola permitió identificar a los presuntos ladrones, aunque él quedó bajo sospecha de haber participado en el robo de una motocicleta.
La esposa de Espíndola, quien también habría sido agredida, se presentó con un abogado de Yacuiba para solicitar la liberación de su esposo. Espíndola alegó que fue detenido en su hogar, ubicado en El Sauzal, y llevado ilegalmente a territorio boliviano, en una clara violación de los límites internacionales.
En paralelo, otro incidente tuvo lugar en la frontera entre Argentina y Bolivia. El 15 de septiembre, una camioneta argentina fue remolcada por la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) hacia su depósito en Yacuiba debido a un desperfecto mecánico. El conductor, de apellido Jaramillo, admitió que intentaba regresar a Argentina a través de un cruce ilegal en el Barrio Nuevo para evitar pagar una multa por exceder su tiempo de permanencia en Bolivia.
Las autoridades bolivianas realizaron un cruce de datos para verificar si el vehículo, una Toyota Hilux blanca de doble cabina, tenía denuncias por robo. Una vez descartado el ilícito, el fiscal de Yacuiba ordenó trasladar el vehículo a la Aduana Internacional y devolverlo a su propietario tras el pago de una multa de 6.000 pesos bolivianos.
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