Tal como sucedió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, y a pesar de haber sido ratificadas por el Congreso de la Nación tras los vetos de Javier Milei, el gobierno libertario acelera la motosierra y se niega a aplicarlas.
En medio de la debacle de su plan económico, y lejos de recalcular, el presidente Javier Milei acelera la motosierra y sigue profundizando el ajuste sobre los sectores más postergados de la sociedad.
Luego de promulgar la Ley de Emergencia en Discapacidad (que había intentando sin éxito vetar) y de suspender su aplicación, el mandatario libertario ahora hizo lo propio con las leyes de Emergencia en Pediatría y de Financiamiento Universitario.
Así quedó plasmado en los Decretos 759/2025 y 760/2025 publicados este martes en el Boletín Oficial con las firmas Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (en el Decreto 759) y de Salud, Mario Lugones (en el caso del Decreto 760).
De esta manera el Gobierno promulgó la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Esta última norma tiene su origen en la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.
Sin embargo, con el mismo argumento que utilizó para dejar caer, otra vez, la ayuda al área de Discapacidad, el Gobierno suspendió la aplicación de estas normas por entender que los textos de las leyes no determinan sus fuentes de financiamiento.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso de la Nación pese al veto Presidencial previo, apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
Javier Milei junto a Luis Caputo.
En ese sentido, uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como bandera del reclamo, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre sus puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica. Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.
