En cumplimiento de las funciones propias que le corresponde al Ministerio Público Fiscal (ejercicio de la acción penal pública), y a fin de determinar la existencia o no de alguna conducta que pudiera encuadrar en un delito de acción pública, se analizaron los videos publicados en aquellos perfiles anónimos o con titularidades ficticias para determinar, en primer lugar, si se trataba de publicaciones amparadas por la libertad de expresión de algún ciudadano (ya que se trata de un derecho fundamental y que hace al Estado de derecho).
Superado este primer filtro, se determinó que gran número de las publicaciones analizadas podrían eventualmente dar lugar a acciones privadas y no públicas, y por lo tanto encontrarse fuera del segmento habilitado para esta acción. Tan es así que estos videos pueden dar lugar a acciones privadas a través de querellas por calumnias e injurias por parte de los funcionarios, empresarios, personas físicas en general, etc., eventualmente afectados por dichas publicaciones, quienes hicieran en algún caso requerimientos diversos formulando peticiones a la fiscalía interviniente, y que deberán articular eventualmente sus pretensiones por vías procesales diferentes.
No obstante lo anteriormente señalado, cinco de los videos analizados habilitaron el inicio de esta investigación, ya que, por su contenido, podrían eventualmente configurar el delito de Intimidación Pública (art. 211 C.P.). Lo que la legislación pretende sancionar con este tipo penal es cualquier ataque contra el ORDEN PÚBLICO y no contra personas particulares. Se considera al día de hoy a las redes sociales como armas o instrumentos de alcance masivo que generan efectos reales en las personas, tanto para bien como para mal; construyendo desde el anonimato la adquisición de falsas creencias, desestabilizando la opinión pública, generando sentimientos de odio o rechazo. En definitiva, manipular la opinión de la sociedad en base a información falsa para generar un daño.
En lo específico, se pudo precisar la existencia de por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente, donde públicamente refieren a las instituciones de la provincia como “estado narco”, vinculándolas con carteles de droga, con operativos de secuestro de drogas en ambulancias particulares ostensiblemente ajenas al sector público y de apariencia de pertenencia de privados, la situación del intervenido municipio de Aguas Blancas, etc.; precisamente de modo simultáneo y en contraposición a los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en procura de la protección de la sociedad contra el impacto de estos nuevos fenómenos delictivos, y las acciones públicas de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la provincia de Salta en diversos escenarios.
El delito de intimidación pública busca castigar toda conducta que cause temor en la sociedad de manera tal que tenga la potencialidad de incidir en el normal desenvolvimiento de los poderes del Estado (provincial en este caso) y desestabilizar el orden democrático e inconstitucional, auspiciando intervenciones interruptivas de los gobiernos surgidos de la voluntad popular.
Vincular de manera anónima y con alcance masivo que un titular del Poder Ejecutivo es el jefe del narcotráfico o tiene vínculo con carteles de droga, en una provincia como Salta (es de público conocimiento lo sucedido en los últimos meses en nuestra provincia al respecto), posee objetivamente entidad para causar temor en la ciudadanía respecto al rumbo del lugar donde viven, miedo y temor a que la Provincia de Salta se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada.
Sobre esa base, se inició la investigación en la que, hasta ese momento, no habían personas identificadas como sospechosas de haber cometido el delito, es decir, ser los titulares, administradores de las cuentas y/o quienes creaban los videos publicados.
La información con la que se cuenta ahora, fue obtenida merced a la colaboración de las tareas de la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal, con elementos reunidos que dieron lugar a la imputación de tres personas en la actualidad, y también surge de los informes remitidos (a solicitud de esta Fiscalía y con autorización judicial, en los casos que correspondía) por las empresas TikTok (titularidad de cuentas, mails asociados), Google (titularidad de emails y celulares asociados), empresas de telefonía celular (IP de conexión, geoposicionamiento), entre otros.
Actualmente, la Fiscalía de Ciberdelitos se encuentra en una etapa primigenia propia de la Investigación Penal Preparatoria, analizando la prueba aportada, a su vez, por los mismos imputados; y a la espera de los resultados de las pericias de los dispositivos celulares y de los datos que de allí surjan, de lo que podrían eventualmente derivarse nuevas imputaciones.
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